Por incumplimiento al pago de las cuotas y aportaciones al Issstecali, la Presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano y los diputados de Acción Nacional del Congreso del Estado, presentaron una demanda de Juicio Político en contra de Armando Ayala Robles, actual Senador de la República, en su carácter de
servidor público durante su gestión como Presidente Municipal del XXIII y XXIV Ayuntamiento de Ensenada, y Edgar Darío Benítez Ruiz, en su carácter de Presidente Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tecate.
En un comunicado de prensa se informó que los legisladores, María Yolanda Gaona, Alejandrina Corral y Diego Echevarría, en compañía de la dirigente estatal de Acción Nacional, se dieron cita este jueves en Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Baja California, para presentar dicha solicitud de Juicio Político en contra del los ex funcionarios, derivado también de una denuncia penal ya presentada anteriormente ante la Fiscalía General del Estado de Baja California, por abuso de funciones y abuso de autoridad.
“Tenemos la responsabilidad como partido y como diputados de generar acciones contra el robo a todos los bajacalifornianos”, señaló Mata Lozano, a medios de comunicación.
El documento presentado señala que las anteriores previsiones, no fueron cumplidas durante los periodos del mes de octubre de 2019, y los años 2020, 2021, 2022, 2023 y hasta agosto de 2024 por parte del servidor, Armando Ayala Robles; y durante los periodos del mes de octubre de 2021, y los años 2022, 2023 y hasta septiembre de 2024, por parte del denunciado Edgar Darío Benítez Ruiz, omitiendo sin causa justificada, su entero al Issstecali, no obstante descontar las aportaciones puntualmente del sueldo o salario de los trabajadores municipales durante esos períodos; asimismo, por la omisión de enterar las aportaciones patronales que por ley le correspondía cubrir a la entidad municipal bajo su responsabilidad administrativa y financiera, reteniéndolas indebidamente sin causa o justificación alguna.
Con relación a los montos, se señala que el Ayuntamiento de Ensenada ha sido omiso en enterar al Issstecali, cuotas retenidas a los trabajadores, por un monto de $568 millones, 799 mil 503 pesos; aportaciones patronales por un monto de $925 millones 318 mil 230 pesos; y en razón de ello adeuda recargos por un monto de $2 mil 189 millones 020 mil 024 pesos; dando un adeudo total de $3 mil 823 millones 469 mil 311 pesos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Tecate, ha sido omiso en enterar al Issstecali, cuotas retenidas a los trabajadores, por un monto de $159 millones, 765 mil 644 pesos; aportaciones patronales por un monto de $255 millones 744 mil 143 pesos; y en razón de ello adeuda recargos por un monto de $1 mil 025 millones 348 mil 250 pesos; dando un adeudo total de $1 mil 440 millones 858 mil 038 pesos.
Las anteriores omisiones, redundaron en perjuicios tangibles y afectación a los intereses públicos fundamentales, y su buen despacho, al causar con dicha omisión una situación de grave riesgo a la seguridad social de los propios trabajadores, bajo responsabilidad del Instituto, tanto en lo relativo a la debida prestación de los servicios médicos, como el pago de las correspondientes pensiones y jubilaciones.
También en un perjuicio de orden patrimonial al Instituto, y a los propios ayuntamientos, al generar su actitud negligente e irresponsable una enorme carga financiera derivada de los accesorios o recargos generados por las omisiones de cumplir con sus obligaciones ante el Instituto en tiempo y forma, que a la fecha suman una cantidad casi impagable para los ingresos anuales de la referida municipalidad.
La dirigente estatal del PAN, hizo un llamado a los legisladores de las diversas fuerzas políticas representadas en el congreso local, a ser responsables, valientes y congruentes, con la procedencia del juicio político y permitan la apertura del proceso.
El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, Diego Echevarría, señaló que con esta medida se busca que los ex alcances sean inhabilitados de hasta por seis meses a veinte años para ocupar cargos públicos, esperando la solicitud sea analizada en la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional contando a ambos señalados.