Walberto Solorio Meza, presidente del organismo, llamó a establecer compromisos interinstitucionales urgentes para detener la contracción operativa del campo, la cual ya ha generado una reducción drástica en la contratación de jornaleros y técnicos agrícolas.

"Si no hay condiciones para sostener el empleo agrícola, la seguridad social colapsará, se debilitará el ingreso familiar, aumentará la deserción escolar y se incrementarán los niveles de tensión comunitaria en los valles agrícolas de Baja California", declaró.

Actualmente, la agricultura genera más de 120 mil empleos formales en el estado, de los cuales el 90% están registrados ante el IMSS, lo que representa una fuente masiva de aportaciones a la seguridad social y un sustento económico para miles de hogares.

La paralización parcial de actividades, motivada por el aumento de insumos, la presión hídrica, la volatilidad de precios internacionales y la incertidumbre fiscal, ha puesto en riesgo ese entramado social y productivo.

Solorio Meza alertó que ya se observan efectos colaterales: pérdida de acceso a servicios médicos, suspensión de pagos al Infonavit, cierre de rutas de transporte laboral y disminución del consumo en comunidades enteras.

En los últimos cinco años, el sector agrícola había consolidado una base sólida de inversión privada y formalización del empleo. Sin embargo, el deterioro de las condiciones ha comenzado a revertir ese proceso, según reportes del Consejo.

El dirigente explicó que cada 10 mil empleos agrícolas representan, en promedio, 250 millones de pesos anuales en contribuciones fiscales directas e indirectas. La pérdida de esa base no sólo afecta a los trabajadores, sino también a la recaudación y al sistema de protección del estado.

También destacó que las consecuencias sociales se están intensificando: aumento de la violencia intrafamiliar, mayor vulnerabilidad juvenil, estrés económico en los hogares y crecimiento de la informalidad en comunidades rurales.

"Esto no es solo un problema productivo. Es un tema de gobernabilidad. Si el campo colapsa, lo que sigue es una cadena de desestabilización que alcanzará a las zonas urbanas, a las instituciones públicas y al tejido político", sostuvo Solorio Meza.

El Consejo Agrícola plantea un acuerdo estatal que contemple incentivos fiscales, garantías de operación, acceso a financiamiento emergente, gestión hídrica efectiva y mecanismos de protección laboral para sostener la actividad agrícola formal.

Solorio Meza concluyó que Baja California no puede ignorar la dimensión de lo que está en juego. "El campo no puede ser invisible para las decisiones de gobierno. Si no se actúa ahora, la bola de nieve será imparable", puntualizó.