El acceso a la información es un derecho humano reconocido en distintos instrumentos internacionales y nacionales que alude a la libertad de las personas para buscar, recibir y difundir información de diversa índole y por cualquier medio. Es un derecho indisociable del derecho a la libertad de expresión; para garantizarlo, el Estado mexicano lo ha reconocido en el artículo 6º de la Constitución, lo ha articulado en instrumentos normativos de alcance general y lo materializa en un diseño institucional por medio del cual responde a las necesidades de información de la ciudadanía.

Así, en México, las instituciones de los tres poderes y ámbitos de gobierno, los organismos autónomos, partidos políticos, fondos, fideicomisos, sindicatos, personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad deben proporcionar información a quienes la soliciten a través de los mecanismos institucionales dispuestos. A estos entes públicos se les denomina sujetos obligados.

Para conmemorar este día, aquí se describe la demanda de información pública por parte de las y los mexicanos y se caracteriza la capacidad y respuesta institucional. La información proviene de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) y de los Censos Nacionales de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal y Federal.

En 2019, 62.6% de las personas mayores de 18 años conocía o había escuchado sobre el derecho de acceso a la información. Un porcentaje mayor de la población adulta en el país ejerció este derecho para conocer información que afecta su vida diaria (71.9%), a través de consultas de información sobre oferta de servicios de salud, horarios de clínicas u hospitales, disponibilidad de medicamentos, calendario escolar, ofertas de empleo en el gobierno, requisitos para obtener apoyo de programas sociales, o bien, conocer las áreas con mayor inseguridad pública, por mencionar algunos ejemplos. Estos datos nos muestran que no hace falta reconocer la existencia del derecho para poder ejercerlo.

Las leyes de transparencia y acceso a la información pública en México establecen la información que los sujetos obligados deben poner a disposición del público (obligaciones de transparencia), así como los procedimientos de acceso a la información pública.

La misma legislación determina los plazos para que las instituciones públicas respondan con información accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, en el marco de un claro régimen de excepciones de datos reservados o considerados como confidenciales. En este sentido, los datos indican que en 2019, las instituciones públicas del país —en todos los niveles— recibieron 1 040 166 solicitudes de acceso a la información pública, que representaron 822 solicitudes por cada 100 000 habitantes.

Esta demanda de información ha crecido en los últimos años a una tasa anual de alrededor de 30%. Al desagregar por nivel de gobierno, los datos indican que 23.5% (244 195) de las solicitudes se presentaron ante instituciones del ámbito federal, 44.6% del ámbito estatal y 31.9% del ámbito municipal.

Por entidad federativa, las instituciones públicas estatales de Jalisco y la Ciudad de México tuvieron la mayor tasa de solicitudes durante 2019, con 1 939 y 1 725 por cada 100 000 habitantes, respectivamente. Ambos estados concentraron 30.5% de las peticiones hechas a las instituciones estatales del país. En contraste, las dependencias de Puebla y Nuevo León presentaron las tasas más bajas con 175 y 135 solicitudes recibidas por cada 100 mil habitantes, respectivamente.