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Llaman a empresas a denunciar cobros indebidos de agua

Acciones abusivas de FISAMEX, ESTRAMEX, CESPE y Bonilla

Nota publicada el 5 de enero de 2021
por Gerson Flores

El Consejo Coordinador Empresarial de Baja California (CCE BC), llama a las empresas a tomar acciones tanto individuales como conjuntas para solicitar el reembolso de los cobros indebidos por agua no contabilizada de las auditorías realizadas por las compañías privadas FISAMEX y ESTRAMEX.

En rueda de prensa a través de la plataforma ZOOM, los líderes de los CCE a nivel Estado, externaron sus opiniones acerca de tema ya recurrente relacionado con los cobros por derechos de acceso al agua o conexiones a la red de drenaje, debido a que desde el inicio de la gestión del actual Gobernador Jaime Bonilla Valdez, se han contratado por los menos dos empresas del sector privado a las cuales se les ha encomendado el realizar auditorías a alrededor de 3 mil empresas en al entidad con la finalidad de recaudar supuestos adeudos por agua no contabilizada y derechos de conexión.

Sergio Guevara, Presidente del CCE en Ensenada, señaló que están a favor de que las empresas que efectivamente cuenta con adeudo por los términos ya mencionados tiene que cubrir sus obligaciones, pero que no están de acuerdo con las formas en las que se realizan los cobros ya que consideran se encuentran fuera del marco de la ley.

A su vez, destacó que las empresas encargadas de realizar las auditorías y dictámenes para efectuar dichos cobros no están facultadas para desempeñar tal función, es el caso de FISAMEX y actualmente de ESTRAMEX, las cuales reciben el 20 por ciento del monto recaudado.

Indicó que de las 3 mil empresas implicadas, un total de 150 corresponden al municipio de Ensenada, a las cuales no se les da oportunidad de responder ya que de no pagar se procede con el corte del servicio, además, existen empresas que no cuenta con contratos con las comisiones de agua a nivel estatal y aun así se exigen los cobros.

Por otra parte, Adolfo Solís, Abogado de los CCES, invitó a los empresarios que se encuentren bajo esta situación a denunciar, sobre todo a aquellos quienes ya han realizado un pago para evitar la suspensión de sus servicios ya que las empresas como FISAMEX y ESTRAMEX, actúan fuera del marco legal en coacción con el Gobierno Estatal.

Reiteró que muchos de los cobros que dichas empresas realizan o pretenden realizar se encuentran prescritos, por lo que, carecen de vigencia legal, además de que las sanciones se deberían de aplicar directamente a los funcionarios de la época donde se omitió el cobro por acceso al agua o red de drenaje.

Por otro lado, existen mecanismos dentro del marco de la ley para garantizar que una persona u ente empresarial pague cualquier tipo de adeudo, mecanismos que no han sido tomados en cuenta por FISAMEX o ESTRAMEX, además, de que no siguen una metodología demostrable para garantizar que los cobros son legítimos, puntualizó.

También, refirió que el personal de FISAMEX y el mismo Gobernador de Baja California, han denunciado públicamente a las supuestas empresas deudoras, violando su presunción de inocencia y faltando al artículo 208 del código penal, al provocar públicamente el actuar de manera delictiva.

Precisó que existen diversos vehículos legales que los empresarios pueden utilizar para evitar dicho atropello, en primera instancia, invitó a los empresarios a realizar denuncias de forma individual y posteriormente aplicar el recurso de delito en consorcio activa para realizar una denuncia en conjunto a la cual se podrían sumar más de 500 empresas inconformes.

También, detalló que es importante que las empresas que ya hayan realizado su pago, soliciten un acto jurídico del mismo que sirva como comprobante para solicitar la devolución de dicho pago, ya que las comisiones estatales del agua no podrán comprobar la veracidad de sus cobros, por lo que, las haciendas públicas se verán obligadas a regresar el dinero.

Las consecuencias para FISAMEX, ESTRAMEX y cualquier funcionario involucrado pueden ser de carácter civil y penal, en primera instancia se tendrán que cubrir las indemnizaciones correspondientes con intereses, mientras que en términos penales se pueden alcanzar condenas superiores a los 5 años de cárcel, finalizó.

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