En un pronunciamiento realizado por Martín Muñoz Barba, presidente de ese organismo en el municipio de Ensenada, criticó severamente el intento de la legislatura anterior de ampliar de 2 a 5 años el periodo de gobierno de la actual administración.

Manifestó que afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación impidió la intentona de los legisladores, pero ello no los exculpa de legislar motivados por intereses políticos, de partido, de grupos y en el peor de los casos, por interés económico.

Fueron los 21 diputados de la legislatura anterior, entre ellos los ensenadenses Alejandro Arregui Ibarra, Roció López Gorozave y Claudia Josefina Agatón Muñiz, además del ex alcalde Marco Antonio Novelo, síndico y regidores, los culpables de aprobar ilegalmente la llamada “Ley Bonilla”, a espaldas de la sociedad, acusó Muñoz Barba.

Independiente de su clara improcedencia, existen actos presuntamente violatorios de la Ley, lo que amerita una investigación para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones a que haya lugar, tomando en cuenta los señalamientos hechos por los ministros de la corte en torno al abuso en la aprobación de la frustrada modificación a modo.

COPARMEX VS REELECCIÓN SIN RENUNCIA

Por otra parte, el presidente del CEE de la Coparmex, calificó de abusiva la pretención de los diputados locales de seguir los pasos de los federales del Partido Morena y sus aliados, de modificar la Constitución para buscar la reelección sin tener que renunciar a su escaño.

Lo anterior significa un claro abuso de poder ya que de esa forma los actuales legisladores podrían hacer campaña con los recursos públicos disfrazados de prerrogativas salariales y recursos para apoyo social que no tendrán el resto de los candidatos postulados por los partidos, advirtió.

Es claro, dijo Muñoz Barba, que, sin distingo de partidos en el ejercicio del poder, los diputados y funcionarios que los representan, tienden a operar a su favor de sus intereses personales o de camarillas, y hacen a un lado el interés y bien común de la sociedad a la que se deben y que paga sus salarios.

La actitud de los políticos en el poder, apuntó, atentan en contra de la certidumbre jurídica y la legalidad necesaria para garantizar la armonía en la convivencia social tan importante para que haya democracia, igualdad y equidad, requisitos fundamentales para el desarrollo social.