Empresarios y abogados de distintas agrupaciones, presentaron formalmente la petición al Congreso del Estado de Baja California de Juicio Político en contra del Presidente Municipal de Ensenada Marco Antonio Novelo Osuna, regidores y funcionarios que promovieron y aprobaron la instalación de parquímetros en la ciudad.
En conferencia de prensa celebrada este martes en la Cámara de Comercio de Ensenada, el representante legal en este asunto José Ángel Bustamante Arvizu vicepresidente Federación Estatal de Barras de Abogados, reveló que han encontrado una serie de irregularidades en los procedimientos para colocar parquímetros.
Esto va desde la publicación de las bases para esta licitación en un solo medio local pese a ser una licitación nacional, el tiempo en que se determinó el fallo y lo extraño de participantes en un proceso nacional, uno de los cuales fue descalificado porque no compró las bases de la licitación.
Otro es la declaración de la misma empresa en el sentido que desde hace un año se había reunido ya con empresarios para plantear el tema, pese a que jurídicamente era imposible, sumado al interés de regidores que desde hace un mes se llevaron a comisiones el tema de los parquímetros y aún no han resuelto nada.
Es un tema que se aborda por la inconformidad social ya que afecta directamente a los residentes de Ensenada y al ayuntamiento sin una retribución justa en donde se pone todo y se reparte 70- 30 a favor del concesionario a quien con enormes ganancias 63 millones anuales que recuperaría el cuatro o cinco ocasiones y le dieron 18 años, que deberán respetar seis administraciones continuas.
Precisó que se apela al Juicio Político porque no hay una herramienta directa con la cual el ciudadano pueda revocar esta cuestión, es un medio indirecto de defensa constitucional de control que tiene que ver con el desapego de los valores políticos que protege la constitución del Estado y de la Federación
“Creemos que quienes gestaron este negocio, se desapegaron a los mismos valores políticos y una vez analizados los pormenores del procedimiento damos cuenta que hay demasiadas irregularidades que nos dicen que hay un acuerdo previo entre el empresarios ganador y el Ayuntamiento”.
Siguió: “Un indicio muy importante es que el mismo empresario dijo que hace un año estuvo en CANACO promoviendo este negocio cuando técnicamente, jurídicamente era imposible”.
Explicó que la licitación se llevó en 11 días y en esos 11 días resolvieron que era la mejor oferta a nivel nacional para darle a una empresa el estacionamiento público de la ciudad de Ensenada.
En la revisión para fundamentar la petición de Juicio Político apuntaron que las irregularidades son muchas, son extensas, de entrada la convocatoria se publicó una vez y no sabemos en donde, si fue nacional porque no se publicó en la Gaceta Municipal, en el Periódico Oficial del Estado, creemos que pudo ser en un periódico local ¿y cuantas veces? sólo una vez.
¿Entonces como va a obtener una licitación nacional, si publica una vez en un medio local?. -Por ahí empezamos.
El proceso no reúne los requisitos de moralidad, no tutela un valor. ¿Como puedo saber que fue la mejor oferta que existe si solo tuve una y las otras dos ofertas se descalificaron?. -Una porque no compró las bases para participar y las otra porque le faltaron documentos-.
¿Entonces qué empresa nacional va venir a participar en una licitación seria sin no trae documentos preparados?
Otra irregularidad es que se pidió la acreditación legal de la empresas hasta que se dictó el fallo, lo cual impidió saber con tiempo si la empresa tenía solvencia económica, si alguna persona como socio participa del gobierno porque es una prohibición. Pero no se les pidió hasta que se adjudicó el fallo a la empresa, acotó.
El resultado de este Juicio Político depende de la voluntad de los diputados de verificar la moralidad, legalidad y constitucionalidad de los actos. Lo que resuelvan. La decisión de los diputados no puede ser atacada por ningún medio de defensa, si ellos deciden juzgar, inhabilitar o absolverlo es responsabilidad de ellos.
Sin embargo esto tiene que ver que la legislación no tiene medios directos de defensa como ciudadanos no podemos sustituir facultades del Ayuntamiento. Por eso se apela al Juicio Político.
La conclusión es que todos los indicios apuntas hasta ahora que la concesión a la empresa Iberparking fue algo acordado con un revestimiento de legalidad. Fue orquestado y no nos vamos a dejar. Finalizaron.
Contra quienes se pide juicio político:
Presidente Municipal Marco Antonio Novelo Osuna
Síndico Procurador Laura Karina Castrejón
Regidores priístas: Ricardo Medina, Samuel Albestrain, Bertha Martínez, María Rosa Guzmán
Regidor ex petista Orlando Toscano
Regidor Independiente Rodolfo Mellado
Regidor del Panal, Norma Silva
Regidor del PRD, David del Moral
Funcionarios:
Secretario General de Ayuntamiento, Iván Barbosa
Oficial Mayor, Mónica Vargas
Jefe de Recursos Materiales, Sandra Melgoza.