Familias de distintas comunidades indígenas de Baja California pagaron miles de dólares a través de la asociación civil Intercambio Sin Fronteras para obtener visas de turista o trabajo en Estados Unidos, también servicios médicos, pasaportes, doble nacionalidad e incluso fondos federales.
Ha pasado más de un año de que dieron los primeros adelantos para iniciar los trámites pero no han conseguido ni un solo documento consular.
Una de las afectadas interpuso una denuncia ante el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (Sejap) bajo el número de expediente 0201-2017-17347/RAC. Ella depositó 4 mil dólares en un número de cuenta bancaria a nombre de un particular.
Los precios que le manejó la asociación fueron de 500 dólares de honorarios por dos hijos, más el trámite en el consulado con un costo de mil 300 dólares cada uno y 900 por adulto, en total fueron 5 mil 500. Aunque nunca les dieron recibos ella conservó el comprobante de los depósitos.
Otro caso similar fue el de una mujer de la comunidad indígena de San José de la Zorra, quien primero entregó poco más de 100 dólares y días después le pidieron 900 adicionales. En total abonó mil 915 dólares para tramitar la ciudadanía para su madre.
Un padre de familia de la comunidad Kumiai, quien pagó casi mil dólares, se cansó de espera e hizo los trámites por su cuenta y ya tiene los pasaportes, ahora está en espera de las visas.
Las personas fueron cautivadas por integrantes de la asociación en el verano del 2016 cuando el grupo de nativos de San Antonio Necua, Neji, Santa Catarina, se presentaron en un festival de culturas nativas en el Centro Cultural Tijuana (Cecut) donde demostraron el arte que elaboran así como tradiciones y costumbres.
En ese momento les informaron sobre los supuestos beneficios a los que tienen derecho en Estados Unidos, pero les adelantaron que para acceder a ellos debían tramitar una membresía cuyo costo fue de 35 dólares para los pobladores y 275 para familias foráneas.
La oficina de Intercambio Sin Fronteras se ubica en la delegación de Francisco Zarco, dentro de un centro comercial en la calle principal, pero en una visita hecha al lugar éste se encontraba cerrado mientras que los locatarios afirmaron que nunca ven a nadie en dicho establecimiento.
Se calcula que hay una deuda que supera el millón de pesos entre todos comunitarios que se interesaron en los distintos programas. La autoridad de la Sejap se hace cargo de que las partes lleguen a un arreglo antes de proceder a una denuncia penal.
Tanto el Consulado de Estados Unidos con sede en Tijuana, como la oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se han deslindado de cualquier responsabilidad porque no tienen intermediarios.
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