El Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad de votos en lo general y en lo particular, el dictamen número 24 proveniente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc), el cual contiene una iniciativa por la que se crea la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California (Lpdppsoebc), propuesta por la legisladora panista Iraís Vázquez Aguiar.
En el dictamen, leído en tribuna por el presidente de la Cglpc, diputado Andrés de la Rosa Anaya, se establece que este ordenamiento legal tiene por objeto regular las bases, principios y procedimientos que garantizan el derecho que tiene todo ciudadano a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. En ese sentido, garantiza el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos.
En la Lpdppsoebc se especifica que son sujetos obligados, en el ámbito estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, ayuntamientos o consejos municipales y la administración pública municipal.
Se agrega que los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, serán responsables de los datos personales.
Por otro lado, dispone que el tratamiento de datos personales por los sujetos obligados, “deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera”. Se establece que sólo mediante el consentimiento del titular, dichos sujetos podrán tratar datos personales para finalidades distintas a aquellas establecidas en el aviso de privacidad.
La Lpdppsoebc dispone también que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en ella.
Dicho instituto podrá imponer, para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, una amonestación pública o la multa equivalente a la cantidad de 150 hasta un mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
En los artículos transitorios se establece que esta nueva ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, además de que se deroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.
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