En un comunicado de prensa explica que quienes estén presos y no hayan sido sentenciados podrán solicitar al órgano jurisdiccional su liberación, cuando el delito por el cual se les investiga no esté contemplado en el catálogo de delitos por los que procede prisión preventiva.

“Nos alarma y nos ocupa por una razón particular, el catálogo de delitos graves evidentemente se queda corto y ha generado una condición de inseguridad sin precedentes”, denunció en nombre de los diputados del PRI.

Hay que recordar que la pasada sesión Arregui presentó una iniciativa para reformar el catálogo de delitos por los que procede prisión preventiva, hoy, dijo, con esta nueva resolución antes de dar libertad a quienes están presos, el órgano jurisdiccional deberá realizar una evaluación del riesgo que representa el imputado.

Preocupante, mencionó, resulta también que si para analizar el caso parten del catálogo de delitos, se dará libertad a muchos delincuentes que generarán una peor crisis de la que estamos viviendo, así mismo solicitó que se den a conocer los lineamientos que tendrán en cuenta para la citada evaluación de riesgo.

Añadió que diputados del PRI no están en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni en contra del NSJP y refrendó el respeto a la autonomía de los poderes, “pero lo que pedimos es que todos “los malos” se queden en la cárcel. Que todo aquel que pudiera poner en riesgo la seguridad de nuestras familias, se quede tras las rejas”, recalcó.

Por ello, el legislador en nombre de todos los diputados del tricolor lanzó un exhorto al Poder Judicial de la Federación, así como al Poder Judicial del Estado de Baja California, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, al resolver sobre la procedencia de la solicitud de revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva presentadas por los procesados en el sistema penal mixto, realicen una minuciosa evaluación del riesgo y peligrosidad que representa el inculpado para la sociedad.

Así mismo exhortó a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, para efecto de que en los asuntos que se les dé vista, pongan estricta atención en la realización de una investigación detallada, mediante la cual se acredite la necesidad de que prevalezca la medida cautelar, en virtud del riesgo y peligrosidad que representa el inculpado para la sociedad, máxime en aquellos casos de portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.