Jorge Eduardo Cortés Ríos, criticó que las autoridades estén “dando bandazos” en torno al tema, ya que la nueva Ley de Aguas del Estado recién aprobadas por el congreso, se da en un contexto de desinformación y sospecha ya que todo el proceso se llevó a cabo sin informar ni consultar a la sociedad.

Recordó que en septiembre de este año se supo, en un ambiente polémico y controvertido, la existencia de una presunta licitación para que despachos privados llevaran a cabo el Plan Hídrico que supuestamente tenía un 40% de avance, pero a casi terminar el año, nada se sabe de su existencia.

Ahora, de una forma sorpresiva, los legisladores del PAN con el apoyo del PRD y otros partidos, aprobaron una nueva Ley de Aguas, en las que se da preponderancia a la administración de particulares del vital líquido, pero sin considerar un diagnóstico previo ni los alcances del “presunto” Plan Hídrico.

La lógica más elemental indica que debería ser al revés, dijo, ya que una vez concebido el plan integral del agua en la entidad, se tendría que legislar para dar forma jurídica a las acciones que pudieran emprender las autoridades para resolver el problema.

Cortés Ríos señaló que pudiera darse el caso de que los 55 millones de pesos pagados por el Plan Hídrico pudieran perderse al hacer inaplicable legalmente las medidas propuestas en virtud de una Ley que se hizo de manera apresurada, en lo oscurito, sobre las rodillas y que los diputados aprobaron al vapor.

El también integrante del Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) informo que no tiene conocimiento que se haya consultado a ningún consejo de los organismos operadores del agua de la entidad, lo que se hace hartamente sospechoso y obliga a suponer que están tratando de beneficiar ciertos intereses.

Hay mucha información que se debió haber ofrecido a la población, apuntó el presidente de Canacintra, como el destino de los organismos operadores ante la eventual creación de una paraestatal de carácter regional o la privatización de la administración del agua.

¿Qué va a pasar con los actuales trabajadores de la Cespe, –en el caso de Ensenada- con los jubilados, el personal sindicalizado, con las tarifas preferenciales, etc.?, se preguntó el dirigente.

Otro tema dentro de esta polémica tiene que ver con el suministro y licitación de energía cuyo gasto anual en 2016 se había dicho era de 49 millones de pesos, situación que debe esclarecerse antes de licitar su proveeduría, porque ahora se dice que esa cifra solo representa el 50%, ya que en realidad se gastan 98 mdp.

José Eduardo Cortés Ríos también se refirió a la aprobación del Presupuesto de Egresos que contempla un 100% del gasto de energía eléctrica, que se supone tendrá que ser adquirido de quien gane la licitación en mínimo, 15% menos caro.

Por otra parte, advirtió, que, si bien es cierto que de acuerdo con el Articulo 115 de la Constitución Política de México, los municipios con el concurso del Estado, si así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo el suministro de agua potable y alcantarillado, se deben conocer los convenios existentes y sus términos, así como su compatibilidad con la nueva Ley de Aguas del Estado.