La deuda que sostiene el ayuntamiento con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios (Issstecali) se elevó 120 millones de pesos y se estima en 840 MDP, incluyendo intereses.
Este martes los regidores de Ensenada dejaron sin efecto tres acuerdos de cabildo que se aprobaron durante el gobierno de Pablo Alejo López Núñez y después con Enrique Pelayo Torres.
El primero fue con López Núñez el 23 noviembre del 2010 referente a la desincorporación del régimen municipal del predio ubicado en el complejo turístico de Bajamar, en la carretera escénica Tijuana-Ensenada.
Posteriormente en otro acuerdo, el 28 de abril del 2011 el gobierno de Pelayo Torres autorizó el cambio de de uso de suelo de área recreativa a habitacional.
Por último, el acto de enajenación el 8 de septiembre del 2011 consistente en transmisión de la propiedad en dación de pago al Issstecali.
El problema surgió unos meses después cuando un vecino del complejo turístico promovió un amparo contra dicha determinación ya que se trata de un predio para uso recreativo o áreas verdes donde pretendían realizar obras de construcción.
Tras una resolución, el presidente municipal Marco Novelo Osuna n presentó ante pleno del cabildo el acuerdo de fecha 23 de noviembre del presente año, dictado por el C. Juez Octavo de Distrito en el Estado, dentro del Juicio de Amparo Indirecto, radicado con el número de expediente 1263/2014-II-B, mediante el cual requiere al H. Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, se de cumplimento a la sentencia definitiva.
En las últimas declaraciones del director del Issstecali, Javier Meza López, informó que no tenía un proyecto concreto para dicho terreno ya que están conscientes de la problemática jurídica que existe. En ese momento, octubre del 2016, calculó que la deuda del gobierno municipal con el instituto asciende a 720 millones de pesos con intereses.