El acuerdo remitido al Senado de la República por la Cámara Baja, fue acordado por 412 a favor, donde el órgano legislativo avaló elevar la pena de dos a 18 años de prisión a quien ilícitamente, de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con abulón, camarón, pepino de mar y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda.

El funcionario estatal destacó que el Gobierno del Estado ha realizado acciones y gestiones para fortalecer la protección de los recursos marinos, y en especial para respaldar a quienes viven de la pesca legal a lo largo de los lejanos campos pesqueros de Baja California, que es una de las entidades que cuenta con más litorales, y eso la hace más vulnerable al saqueo irracional de especies.

“La decisión de los Diputados Federales responde en forma directa a lo que hemos solicitado en foros y reuniones, muchas de ellas convocadas por los mismos miembros del Congreso de la Unión, porque sabemos que la pesca ilegal es una de las principales causas de la crisis de baja producción que están padeciendo permisionarios de especies como camarón, langosta, abulón y pepino de mar, pero también quienes recolectan erizo rojo de mar y almeja generosa, toda ellas entre las especies más cotizadas y demandadas en el mercado internacional”.

Explicó que la pesca furtiva es una modalidad de delincuencia organizada, porque es practicada por una red que inicia en la captura y está asociada con personas que transportan, comercializan e introducen el producto al mercado, lo que requiere de un trabajo de inteligencia para llegar a todos los implicados y sancionarlos con todo el peso de la ley.

Arjona Rydalch destacó que el Gobierno de Baja California destina recursos humanos, económicos y materiales, para contribuir con las fuerzas armadas y autoridades administrativas en las tareas para inhibir y sancionar el tráfico ilegal de productos de mar, además de que se han tomado medidas para difundir medidas que prevengan este flagelo que afecta la biodiversidad de todos.

Incluso, dijo, se ha solicitado de manera formal la transferencia de facultades a los estados, para que puedan actuar y sancionar a los pescadores furtivos.

Subrayó que aunado a esto, las autoridades federales como el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca Mario Aguilar Sánchez, y el Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, han mostrado su disposición para colaborar en las acciones relacionadas contra la pesca furtiva, de manera conjunta con las fuerzas armadas.