Desde el sexenio de Osuna Millán, el Gobierno del Estado emprendió una cruzada por eliminar la posibilidad de que autoridades educativas y asociaciones de padres de familia, presionaran con cuestiones económicas a miembros de la comunidad que no tienen posibilidad de hacer pagos.

Exigir que se compren útiles escolares o uniformes a una empresa particular, puede ser una forma encubierta de obtener beneficios económicos de los padres de familia, especialmente cuando el artículo solicitado tiene un precio más alto del valor de mercado convencional.

En las escuelas particulares, los padres de familia pagan por los beneficios que ofrece la educación privada y las compras específicas pueden ser parte del reglamento.

En el caso de la educación pública el asunto es distinto, pues por ley, no se debe condicionar el ingreso a quienes por alguna u otra razón no pueden acceder a los requisitos que se les exigen. Si algo así le sucedió no dude en presentar una queja por todas las instancias posibles: sistema educativo, derechos humanos, redes sociales... todo.

Es importante que queden todas las constancias posibles de que a pesar del esfuerzo para erradicar estas prácticas, se siguen presentando y no hacen más que recrudecer la situación económica característica de esta época.