La medida es extrema y aunque hay un amplio apoyo de la sociedad, como lo demuestra el resultado de este sondeo, las probabilidades de que llegue a ser ley son mínimas.

En el remoto caso que así fuera, obligaría a que la aplicación de la medida partiera de una orden judicial: imponer un proceso de esterilidad a alguien que, de acuerdo a nuestras leyes no es un delincuente, pues el consumo no se encuentra penado.

En fin, que esto es una ocurrencia legislativa, ruidosa y escandalosa que no dará para mucho.

Sin embargo, el resultado de este sondeo si demuestra que existe un gran descontento con las medidas que se aplican en el tema de los adictos.

El descontento es real. Los menores abandonados, el maltrato, las violaciones y hasta los homicidios son reales.

La Procuraduría General de la República por medio de los Ministerios Públicos Federales, aplica discrecionalmente el beneficio de la libertad a quien se encuentra en posesión de enervantes y se declara adicto; esto sin control alguno y fuera de total supervisión.

El resultado es el que todos conocemos: una caja chica.

Poner en orden lo que sucede al interior de la PGR y todo lo relacionado a la distribución al detalle es una tarea pendiente de todos los que han pasado por el ejecutivo federal. Se decretó la guerra contra el narco pero todavía estamos lejos de la recomendación de la sabiduría popular, aquella que dicta: buen juez por su casa empieza.

Decretar la esterilidad para un adicto se ve imposible en nuestro sistema jurídico actual, pero atenderlo y plantear una solución, puede calificarse como urgente en la agenda legislativa.