Una superposición de terrenos en la zona de El Gallo en los terrenos adyacentes al Puente del Bulevar Costero, fue la causa por la que el gobierno del Estado no ha pagado un predio ubicado junto al Punete el Gallo.
Cesar Cuevas Delegado de SIDUE en Ensenada precisó que el proyectos del Bulevar Costero desde su diseño en la liga con la calle Esmeralda a la Westman, se planteó identificando la totalidad de las afectaciones a lo largo de 4.6 kilómetros de longitud.
Conforme se han construido las etapas, se negoció las afectaciones y en el caso específico entre el Gallo y Estancia, los antecedentes convenidos datan del 2006 y corresponde a la cuarta etapa el Bulevar
En ese proceso se requirió la negociación con diversos posesionarios los cuales estaban dedicados a las Calandrias y renta de caballos en playa.
Fueron en total 14 convenios realizados, de los cuales 7 son reubicación y casas construidas en la Colonia Todos Santos donde los propietarios fueron reubicados y titulados.
Otros tres fueron para reubicación en el Salitral.
Quedó pendientes un terreno que se convino con José Guadalupe Torres Reyes que fue para una indemnización de 2 mil 600 metros cuadrados con dos construcciones.
Se elaboró un convenio entonces.
Pero en esa zona hay varios problemas por diversos títulos de propiedad que están inscritos en el Registro Público afectados desde 1974 por la Zona Marítimo terrestre y luego pasaron a la Administración Portuaria Integral.
A partir de esos convenios la delimitación fue el problema por las superposicipones de títulos de propiedad en el anexo a manzana 30 de la Colonia Carlos Pacheco que entonces eran el límite de la ciudad.
Agregó que la identificación de estos limites no ha sido sencillo por que entraron a un litigio para acreditar derechos lo que está por resolverse.
Es un tema delicado porque el pago debe ser cuidadoso y apegado a lo que establezca la ley ya que se trata de recursos del gobierno los que se usarán para pagar estas indemnizaciones.
El asunto deberá estar resuelto en los próximos días y se trata de un problema de derechos no de economía.