El Pleno del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para que esta Soberanía exhorte al titular del Ejecutivo Federal a fin de que se investigue y sancione a los que propiciaron la muerte del señor Ramón Duran Muñoz, quien junto con su familia, fue víctima de un operativo militar el pasado 7 de marzo, en el poblado de Maneadero, Municipio de Ensenada.
La propuesta fue leída en tribuna por el Diputado Francisco Javier Sánchez Corona, a nombre de la Diputada Claudia Agatón Muñiz y del Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón y aprobada de manera unánime con dispensa de trámite.
De acuerdo a lo manifestado por el Congresista del PRD, todo comenzó la noche del lunes 7 de marzo, cuando militares asignados a labores de inteligencia, encapuchados, vestidos de negro y que portaban rifles de alto poder, invadieron su casa e irrumpieron sin orden de cateo, de forma violenta e ilegal al domicilio de la familia Durán, donde se encontraban el propio Ramón Durán, su hija María Guadalupe Duran junto con su esposo; Javier Delgado y el hijo de ambos, Javier Delgado Durán, de 12 años.
Los militares, afirmaron los quejosos, intentaron asesinarlos al cortar la línea del gas LP e introducirla por la ventana de su casa, tras de lo cual los golpearon y amenazaron de muerte, para después, en base a supuestas denuncias anónimas que nadie puede corroborar, el personal de inteligencia militar los trasladó a las instalaciones de la PGR en abierta violación a sus derechos humanos, donde permanecieron en poder del ejército, incomunicados, sin asistencia legal y sin asistencia médica, enfatizó el Diputado Sánchez Corona.
Sin embargo, esto que se inició como un atropello, tiene ahora un desenlace fatal, pues a causa de la incomunicación de que fue objeto, el señor Durán falleció el pasado lunes 4 de abril en la Ciudad de Ensenada, cuando era trasladado del Centro de Readaptación Social al Hospital General del puerto. Ese mismo día, junto con sus familiares, habían llegado del CERESO de la Mesa en Tijuana.
La familia refiere que desde que fue detenido por el ejército y luego puesto a disposición de la Procuraduría General de la República, estuvo incomunicado y le fueron negados los medicamentos que por su diabetes y otras enfermedades crónicas degenerativas relacionadas con su edad, le eran indispensables.
Don Ramón, que había sido agricultor, vivía con su hija y hacía años que casi no salía por las enfermedades que padecía y no tenía antecedentes penales, pero a pesar de esto, el Juez le había negado la posibilidad de seguir el proceso en su domicilio, prerrogativa a la cual tenía derecho a causa de su edad, conforme lo dispone el Código Penal Federal, artículo 55, pero el ejército se opuso a esta garantía, concluyó el Diputado Francisco Sánchez Corona, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la XX Legislatura.
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