Y es que nos lo han dejado claro: el ejército sólo se rinde cuentas a si mismo.

No importa de que atrocidades sean señalados, no importa quien les acuse y por qué delito. Gozan de un halo protector que los mantiene al margen de las leyes a las que estamos sujetos el resto de los mexicanos.

Se nos ha dicho que los tribunales militares son estrictos en el cumplimiento de sus tareas, como si con esto debiéramos tolerar que no sean las autoridades del fuero común las que pongan orden a los que también son ciudadanos mexicanos.

Nos han dicho de lo terribles que son sus sentencias, pero nunca de cómo y a quien le han aplicado alguna.

De los cuarteles pasaron a las calles a petición de autoridades incapaces de ejercer el poder en beneficio de quien los eligió.

En todo el país son décadas de denuncias y en Baja California empezaron con el sexenio de Osuna Millán, que rebasado por los temas de inseguridad optó por ceder el control del Estado.

El nombramiento de Francisco Blake Mora, que de Secretario General de Gobierno en Baja California pasó a ser Secretario de Gobernación de la Federación, hace que el fenómeno se aprecie con mayor claridad: comparte con el Presidente Calderón el gusto por los uniformes militares y el desprecio a las autoridades del fuero común.

La historia es clara: país que fortalece al ejército y lo pasa de los cuarteles a las calles, se convierte es un país que invita al golpe de estado (aun vía electoral como en Venezuela) y apura el trago amargo de varios años de dictadura.

Desde la perspectiva del 2010 solo quedan dos opciones para salir bien librados: la corrección del rumbo o que la cuerda no se reviente antes del 2012.