El asunto dado a conocer inicialmente en exclusiva por Ensenada Net, dio inicio el 22 de Mayo del año 2013, cuando el semáforo en rojo en la aduana marítima, hizo que se detuviera para inspección un contenedor de productos marinos congelados que pretendía ser exportado a Asia.

Los ejemplares estaban escondidos en un cargamento autorizado de curvina, medusa, pepino de mar de la variedad Badionatus, aleta de tiburón y dentro de las aletas caballitos de mar.

El hallazgo obligó entonces a las autoridades a revisar a fondo la carga y los aduanales solicitaran la intervención de expertos ante la sospecha de que se trataba de tráfico internacional de especies protegidas o en peligro de extinción.

En pocas horas, en la revisión estaban involucrados la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en coordinación con diversas instituciones del gobierno federal, entre ellas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y la Procuraduría General de la República.

Se realizó entonces el aseguramiento de especies marinas, que de acuerdo a la información oficial emitida entonces por la PROFEPA consistió en: 898 mil 660 Pepinos de Mar secos; 78 mil 676 ejemplares muertos de Caballitos de Mar y cerca de mil cajas de vejiga congelada y seca de Totoaba que se encontraba camuflada con curvina, así como aletas de tiburón.

La totalidad de las especies incautadas estaban en riesgo crítico, protección especial y en peligro de extinción en nuestro País e incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Todas estas especies, se encuentran protegidas y reguladas internacionalmente por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre por sus siglas CITES. Por ejemplo, los caballitos de mar y Pepino de mar se están enlistadas en el Apéndice II , y la Totoaba en el Apéndice I, lo que significa que su comercio internacional está completamente prohibido.

El producto según la información estaba amparado con facturas a nombre de la empresa Mar de Coruña, de Alejandro Arias, vocal entonces de la CANAINPESCA en Baja California, de la cual se separó al poco tiempo.

Debido a este decomiso autoridades federales aseveraron que era el más grande de la historia de México, pues la cantidad sugiere que su valor alcanzaba ya millones de dólares, en particular los buches de totoaba una especie que alcanza en la actualidad alrededor de 8 mil dólares el kilogramo.

El aseguramiento se incluyó meses más tarde en el primer Informe de labores de la SEMARNAT 2012-2013 y mereció el reconocimiento y felicitación del Congreso de la Unión a través de la Gaceta Parlamentaria que lo incluyó en su información el 29 de Mayo de 2013.

Dicho reconocimiento planteaba:

“PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce y felicita al personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca por el desempeño de sus actividades que permitieron el aseguramiento de partes y derivados de las especies de Pepino de Mar (Isostichous fuscus), Caballito del Pacífico (Hippocampus ingens) y Totoaba (Totoaba macdonaldi), logrando con ello inhibir el comercio ilegal.”

“Por esta razón, debemos reconocer que el trabajo oportuno de las autoridades ha permitido hasta el momento evitar el comercio ilegal de las partes y derivados de especies marinas bajo alguna categoría de riesgo; sin embargo es necesario que la PROFEPA continúe tan importante labor y de a conocer a la ciudadanía el resultado de las investigaciones de dicho aseguramiento, con la finalidad de promover a nivel nacional, el trabajo de nuestras Instituciones Públicas.”

Sin embargo, luego de los aplausos y reconocimientos en torno al decomiso, las mismas autoridades guardaron silencio sin que se diera a conocer de manera oficial el destino del producto con un valor multimillonario o las sanciones aplicadas a los presuntos responsables, pese a recomendaciones del Congreso de la Unión.

En distintas ocasiones, año tras año consultó a las autoridades relacionadas con el tema y el argumento fue en cada ocasión que desde la Ciudad de México se había atraído la investigación por parte de PGR y SAT o a oficinas centrales en la delegación de Baja California por parte de PROFEPA y a Mazatlán en caso de Conapesca. Las respuestas invariables tenían que ver con dos expedientes uno penal que nunca se respondió y otro de la PROFEPA.

A través de Transparencia, el día 12 de Agosto de este año, con el folio 1613100064720 quedó registrada solicitud realizada a la PROFEPA en donde se pidió conocer: “De cuanto fue la sanción, por parte de PROFEPA, el destino final del producto y quien resultó ser el propietario de este cargamento. Que productos y cuantos realmente se aseguraron?

Asimismo se solicitaron copias del expediente administrativo del caso en archivo de esa dependencia a siete años de distancia.

La respuesta de la Delegación de PROFEPA en Baja California fue respondida el último día establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde se recibió la respuesta de la Delegación de la PROFEPA en el oficio PFPA/1.7/12.6/0840/2020, en donde responden:

“Al respecto, me permito informarle que en esta Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Baja California, se encuentra relacionada con el expediente administrativo número PFPA/9.3/2C.27.3/0106-13 que contiene copias del procedimiento administrativo que dio lugar al aseguramiento de diverso producto marino en 2 contenedores en el Puerto de Ensenada, Baja California en el mes de mayo del año 2013.

Dicho procedimiento actualmente está en sustanciación por la Subdelegación Jurídica de la Delegación de esta Procuraduría en el estado de Baja California, encontrándose en trámite, motivo por el cual me permito someter a Consideración del Comité de Transparencia de esta Procuraduría la clasificación como información reservada de las constancias que se encuentran dentro del expediente administrativo número PFPA/9.3/2C.27.3/0106-13; toda vez que a la fecha esta Autoridad se encuentra en la etapa prevista por el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; motivo por el cual, esta Delegación de la Procuraduría en el estado de Baja California considera que dicha información debe contar con el carácter de RESERVADA”

Cabe destacar que la Procuraduría refiere que el procedimiento todavía está en sustanciación por la Subdelegación Jurídica, y de acuerdo al directorio de la PROFEPA el responsable es el Licenciado José Antonio Lee Martínez.

Esto indica que a siete años de distancia el mayor decomiso en la historia de México todavía no se ha concluido por parte de la Subdelegación Jurídica de PROFEPA.

No se ha sancionado al responsable de este intento de contrabando millonario pese a que han transcurrido más de siete años y conforme a los preceptos legales, concluyen diversos abogados especialistas en la materia, estos procedimientos tienen una vigencia de 5 años, lo que sugiere que el término legal para este caso ya concluyó, resultando en que el responsable de este delito no fue y no será castigado, quedando este caso en completa impunidad.

Pero no solo eso pese a la gravedad del tema la Unidad de Transparencia de la PROFEPA y la Delegación en Baja California, solicitó que el expediente se someta a Consideración para que se clasifique como información RESERVADA, para así continuar en secreto.

Se desconoce si es un asunto de omisiones o intenciones de la dependencia encargada del caso que presuntamente ya prescribió.

Cabe destacar que el tráfico ilegal de la vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más grande del mundo, después del negocio de las drogas, la falsificación y la trata de personas, pues según estimaciones de diversos entes internacionales las ganancias por este ilícito alrededor del mundo generarían entre 20,000 y 150,000 millones de dólares al año.

Las preguntas se mantienen e incluso se amplían.

¿Dónde quedó el producto incautado? ¿Cómo alguna vez aseguró PGR incineraron los palets con varios metros cúbicos de producto congelado?

¿De cuanto fue la sanción, por parte de PROFEPA?

¿Confirmó el destino final del producto?

¿Profepa documentó la destrucción en video y fotografía, si realmente se destruyó?

¿Corroboraron expertos esta destrucción? ¿devolvieron los contenedores al propietario? ¿Quién resultó ser el propietario del cargamento? ¿Investigaron para quien eran los productos en los contenedores? ¿Por qué PROFEPA, Baja California RESERVÓ la investigación?.

Antecedentes de esta información: