En un comunicado instan a la Cámara de Senadores a reconsiderar esta decisión que fue tomada sin consultar a los sectores involucrados, y que fomenta la ilegalidad que representa el ¨contrabando rodante¨, sin tomar en cuenta las graves consecuencias económicas para el comercio formal.

En una acción repentina y sin consenso, la mayoría de los Diputados Federales incorporan un Artículo Décimo Quinto Transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación, que permitirá la regularización en 8 meses de los llamados “autos chocolates”.

Textualmente se indica:

“Décimo Quinto: Para efectos de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un plazo máximo de 8 meses contados a partir de la entrada en vigor de esta ley el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables a efectos de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones en la ley Aduanera.”

La aprobación en contraria al compromiso público realizado hace unos días por el propio Secretario de Hacienda y Crédito Público ante el pleno del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial, A.C., donde aseguró que no se daría paso a la regularización de los vehículos ilegales.

La historia reciente ha demostrado que este tipo de regularizaciones, generan una gran afectación a la industria automotriz mexicana, provocando la caída estrepitosa de las ventas de automóviles y autopartes, y exponenciando el mercando ilegal e informal de venta de autos introducidos ilegalmente al País.

Esta situación resultaría especialmente grave y podría ser la puntilla para el cierre de operaciones de muchas agencias de automóviles, dada la dramática contracción que experimenta el sector.

Los ingresos tributarios también se verán severamente afectados, por la inminente baja en la recaudación por concepto de ISR, IVA y el ISAN que derivará de la disminución de producción y ventas de la industria automotriz.

Pero sin duda, la afectación más grave es al Estado de Derecho. Se lanza una nueva señal desde el Gobierno Federal de incapacidad para hacer cumplir la ley, debilitando el Estado de Derecho.

De concretarse la medida, estaremos presenciando leyes de inspiración populista, que fomentan a las bandas del crimen organizado que obtienen sumas millonarias a partir del contrabando rodante.