De las 24 viviendas ubicadas en calle Lago Sur en Valle Dorado, cuatro ya están vendidas con un costo aproximado de un millón 200 mil pesos.

El caso está documentado en el expediente 142-2015, donde por unanimidad de votos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, resolvieron el pasado 14 de julio de 2017 no amparar ni proteger al propietario de la compañía Desarrollos Minarete cuya residencia se encuentra en Tijuana.

Por ese motivo están condenados a pagar 3.4 millones de pesos tan solo a uno de los contratistas. El plazo para saldar ya se cumplió, y en caso de que no paguen se procederá al remate forzoso de los bienes del desarrollo inmobiliario que se encuentran en garantía.

A versión de los afectados, los compradores de las casas están en riesgo porque de ejecutarse el remate el nuevo comprador no reconocerá los pagos ya efectuados.

Otros quejosos compartieron que la publicidad que se encuentra en distintas partes de Ensenada como lonas, banderines y espectaculares tampoco se pagaron.

El propietario del negocio de diseño, Jorge Gutiérrez, presentó una factura que nunca le pagaron y dijo que fueron días, meses y hasta un año de llamadas en Ensenada o Tijuana para realizar cobranzas.

“Al final las voces que responden el teléfono tenían tono amenazante. Así se maneja esta gente, pide un trabajo, lo paga, luego piden más cosas para pagar lo anterior, cambian proveedores y así acumulan deuda. Debería haber un buró local de empresarios fraudulentos como los de Córdoba”, opinó.

Otro contratista, Erick, recordó que él fue el primero que tuvo trato con la empresa y en noviembre de 2011 iniciaron el proyecto muy bien pero a finales del 2012 "tronó”. A él le deben alrededor de 300 mil pesos.

Rubén González, abogado y propietario de la empresa Brava Concretos Industriales, llamó "pillo" al representante de la empresa Minarete porque a él le quedó debiendo 350 mil pesos en concreto.

Platicó que en el 2014 un familiar que estaba al frente del negocio accedió también a dar crédito sin imaginar que jamás le pagarían.

Ahora el complejo residencial está en riesgo junto con los nuevos compradores.