Luego de que Celia, la madre de dos estudiantes de la misma institución, y quien perdió su hogar porque el esposo (del que estaba separada) dejó de pagar las mensualidades de la colegiatura, un grupo de abogados denominado Mariano Otero decidió representarla legalmente.

En la investigación se enteraron que hay más casos similares en Ensenada, que están en vías de ejecución pero que probablemente el despacho que lleva a cabo los procesos prolongue la ejecución para que la deuda se incremente con los intereses moratorios.

Sergio Franco explicó que hace unos días interpuso el amparo 535/2016 para buscar que a la señora Celia se le regrese la vivienda ya que considera hubo violación a los derechos humanos considerando que no hubo un juicio previo para arrebatarle el patrimonio.

Argumentó que hay varias inconsistencias en el proceso, explicó que Celia, al momento de desalojo, tenía la posesión de la casa y que además como esposa le corresponde el 50 por ciento del bien. Hecho que no tomó en cuenta el Juez.

La deuda era de 40 mil pesos pero al final, con intereses, se incrementó a 106 mil pesos y la vivienda la remataron en 160 mil pesos con anuencia de Infonavit quien también evadió la responsabilidad social de notificar al dueño sobre la situación jurídica.

Lo anterior, sin tomar en cuenta que las menores tienen derechos como lo estipula la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que todo niño tienen derecho a un sano desarrollo, libre de violencia y en armonía, agregó el abogado Alfonso Torres.

Julio García, estudiante de Derecho y que forma parte del organismo, comentó que no es el único caso que están estudiando sino que tienen otros con características similares a lo que están haciendo frente para garantizar que se respeten los derechos ciudadanos.

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