En presencia de los ofendidos el juez de control concedió una prórroga de 15 días para que ambos oficiales sean notificados correctamente y que se presenten a declarar.

A versión de la familia ofendida, fue en marzo cuando un grupo de unos ocho policías estatales llegaron a su vivienda a filo de las 10:00 horas, donde con uso de fuerza derribaron puertas, encañonaron a dos de los hijos que estaban en sus recámaras y se llevaron detenido al padre.

Durante la audiencia estuvo presente el ofendido junto con su esposa quienes narraron la difícil experiencia y señalaron a los dos elementos como los que ejercieron violencia.

La víctima que fue detenida de forma irregular por los agentes, asegura que ese día en ningún momento se le explicaron sus derechos mucho menos le permitieron hablar con un superior para saber el motivo por el que el que fue detenido y remitido a las instalaciones de la PEP del bulevar Zertuche.

Los elementos viajaban en unidades compactas y dos camionetas que carecían de logotipos que identificaran a la corporación.

Trascendió que luego que los policías fueron denunciados penalmente, éstos ofrecieron identificaciones con direcciones al parecer falsas. Una en el bulevar Zertuche, en Praderas de El Ciprés, donde se encuentra un centro de reclutamiento de la PEP, así como una segunda dirección de otro de los policías en Pórticos del Mar la cual no existe.

Debido a que no fue posible notificar legalmente a los oficiales, el juez de control pidió al abogado defensor, de oficio, que advierta a sus representados sobre el incidente para que se presenten a la audiencia inicial donde se formularía la imputación por estos cargos.