“Es un salvavidas para nosotros, es dinero con el que podemos contar año con año y algunas empresas que van iniciando sí dependen de este recurso para continuar”, señaló el empresario constructor.

Consideró como un desperdicio el hecho de que las compañías arranquen con el anticipo del 30 por ciento del costo total de la obra y que por insuficiencia de liquidez tengan que suspender el trabajo.

“Les sale más caro -al gobierno- dejar abandonada la construcción y con un expediente abierto por el incumplimiento”, contrastó.

Coronado dijo que la mayoría son trabajos que se pueden concluir en un mes pero debido a la demora en el pago éstas se prologan por dos o hasta más meses.

“Es triste para la gente que por años ha solicitado una obra, porque ese programa es como el Santa Claus del barrio”, calificó el dirigente.

Hizo un llamado a Sindicatura Municipal para que revise qué es lo que está pasando con el dinero etiquetado exclusivamente para este fin y que los recursos se apliquen como lo marca la ley, ya que los más afectados son los ciudadanos.

Según las reglas del Ramo 33, las entidades federativas e instancias ejecutoras deberán publicar, en su página de Internet y en otros medios accesibles al ciudadano, la información relativa a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, avances físicos y financieros, así como las demás obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia. Pero esto no sucede en la realidad, porque estos datos no aparecen en el portal municipal.