Mientras agencias de automóviles presionan al Gobierno Federal para que frene la importaciones de automóviles de Estados Unidos a México, el Estado recibe protestas de contribuyentes que aseguran no tener dinero para comprar un vehículo nacional.
Norberto González Grajeda, director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, estuvo este lunes con integrantes del grupo Madrugadores de Ensenada donde mencionó que, del total del parque vehicular, el 20 por ciento corresponde a unidades nacionales y el resto fronterizas.
Respecto al Programa de Censo Estatal Vehicular que se creó con fines estadísticos, estimó que a la fecha han participado 14 mil propietarios de autos de los cuales mil 750 corresponden a los de Ensenada.
A nivel estatal hay una población de 3.5 millones de habitantes, para un padrón vehicular activo de 1 millón 77 mi 827 unidades, es decir, alrededor de un carro por cada tres habitantes.
Aunque reconoce que no tienen facultades para llevar a cabo este censo, se autorizó a la Secretaría de Planeación y Finanzas a realizar la encuesta con fines informativos que recabará los siguientes datos, de la unidad, marca, linea, color, año, modelo y número de serie.
También fecha de adquisición del vehículo, condiciones mecánicas, municipio en el que se encuentra, situación económica del propietario o poseedor, documentación y fotografías.
Comentó que por condiciones geográficas de la entidad, y las facilidades para la internación de unidades de procedencia extranjera, existe un alto volumen de vehículos que circulan sin los debidos elementos de identificación.
En su última visita del hoy ex secretario de hacienda, Luis Videgaray Caso, se mostró preocupado por la alarmante cifra de regulares.
Los reglamentos de tránsito actuales prohíben la circulación de vehículos sin placas o sin permiso temporal expedido por la autoridad correspondiente, o que transiten sin documentos que no correspondan a la unidad motorizada.
No obstante, la intención es acabar con el eterno problema causado por los amparos supuestamente promovidos por los grupos como Anapromex y Onapafa, que no tienen validez pero que han enriquecido a estas organizaciones al lograr convencer con engaños a muchos ciudadanos.