Las denuncias formaron parte de los asuntos abordados el pasado jueves en la sesión ordinaria celebrada por los integrantes de la XXI Legislatura, la cual es encabezada por la diputada Mónica Bedoya Serna, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva.

Con los dictámenes 28 al 32 de la Comisión Jurisdiccional, que preside el diputado Armando Reyes Ledesma, se sometieron a debate parlamentario las mencionadas demandas y la primera de ellas se refirió a la presentada por la ciudadana Aracely Barrón Ávalos, por diversos actos realizados y/u omitidos por los denunciados.

La solicitud de juicio político fue en contra del presidente municipal del XX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Javier Robles Aguirre; de Héctor Huerta, director general de gobierno; Cristian Medina Peña, director de Regulación Municipal; Roberto "N", coordinador de Inspección Municipal y Catalino Zavala Márquez, secretario general de gobierno municipal.

Sin embargo, la citada comisión legislativa determinó que: “No ha lugar a iniciar el procedimiento para instaurar el juicio político, en virtud de que la denuncia materia del presente dictamen no reúne los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 13 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California”.

Le siguieron dos denuncias enderezadas en contra del que fuera procurador de los Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant, por parte de los ciudadanos Yolanda Santamaría Tenorio, Jesús Alfonso Soto Agüero y Nohe Ramos Balderas.

Los mencionados denunciaron que el funcionario cometió desvío de recursos económicos, al haber transferido dinero del erario público a su cuenta personal, así como realizar diversos despidos injustificados.

De acuerdo con lo apuntado en el análisis jurídico, los demandantes debieron ofrecer pruebas de cargo con las cuales acreditaran la existencia de la conducta reprochada, lo cual no se cumplió, por lo que se desechó la denuncia de juicio político.

De igual manera se resolvió la demanda presentada ante esta soberanía por el ciudadano Mario Alberto Juárez López en contra de Arnulfo de León Lavenant, “por haber sido omiso en emitir una recomendación en contra de la inadecuada defensa en tiempo y forma por parte de la defensoría de oficio”.

Por otra parte, los ciudadanos Armando Salinas Bravo, Ignacio García Macen y Gonzalo Mena Galván, solicitaron juicio político en contra de los integrantes del cabildo del XXI Ayuntamiento de Mexicali, a causa de haber autorizado “indebidamente el alza a las tarifas del transporte urbano, con lo que se afectó el interés público y económico de los ciudadanos”.

Pero tampoco en este caso se pudo continuar con el juicio demandado por no cumplir con lo estipulado en las fracciones II y III del artículo 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Finalmente se puso a consideración de los integrantes de la XXI Legislatura la demanda de juicio político en contra del gobernador Francisco Vega de Lamadrid; Ricardo Magaña Mosqueda, secretario de Desarrollo Social; de la oficial mayor Loreto Quintero Quintero; de la secretaria de Educación Pública del Estado; Rosario Rodríguez y otros funcionarios estatales.

La denuncia fue presentada por María Teresa Vallejo Pérez, pero el resolutivo de la comisión jurisdiccional estableció que: “No ha lugar a iniciar el procedimiento para instaurar el juicio político, en virtud de que la denuncia materia del presente dictamen no reúne los requisitos de procedibilidad previstos en las fracciones II y III del artículo 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California”.