Lo sucedido durante el miércoles pasado da fe de lo que todos sabemos, pero nunca habíamos dimensionado.

1. En el Gobierno Municipal, nadie tiene capacidad para tomar decisiones.

Por más complejo que se quiera pintar el escenario, los transportistas pusieron en peligro los empleos de miles de personas, los trabajos académicos de muchos estudiantes en plena recta final de ciclo escolar y de haberse presentado una urgencia médica, esto pudo representar la vida de alguien.

Las infracciones ayudan a documentar los hechos y también las actas, sin embargo la pregunta seguirá por años. ¿Porqué no se ordenó actuar para eliminar el bloqueo? Todo quedó en el terreno de lo burocrático, ante la ausencia de una decisión ejecutiva que asumiera los costos legales después de hacer lo correcto.

2. La distancia entre transportistas y la población a la que sirven es abismal.

Los argumentos con que se exige el aumento pueden ser válidos, pero el hecho de que no exista el más pequeño respaldo por parte de la población dice mucho sobre el problema de fondo.

¿Cuantos concesionarios de transporte están a bordo de sus unidades? Dudo que quede alguno. Los choferes son empleados de alguien que explota empresarialmente un documento. Ellos plantean el aumento de la gasolina, las refacciones y el mal estado de las calles y tienen razón... cualquier persona con automóvil lo sabe.

Lo que no dicen es cuanto dinero se queda en la intermediación, pues aunque la figura legal sea de cooperativa, en el fondo se trata de inversionistas que viven de tener varias unidades, en lugar de conducir alguna de ellas.

Lamentable por donde se vea. Los ensenadenses no merecemos a este tipo de servidores públicos, sean transportistas o autoridades municipales.