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Reconocen aprobación de prisión preventiva oficiosa

Ahora buscan una Ley Nacional de Actos de Investigación del Delito

Nota publicada el 21 de febrero de 2019
por Elizabeth Vargas

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su reconocimiento a las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados por la aprobación de la reforma al Artículo 19 Constitucional, en materia de prisión preventiva oficiosa, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva sin derecho a fianza.

El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, agradeció a los diputados su disposición por haber escuchado a las organizaciones de la sociedad que acudieron a las Audiencias Públicas donde se discutió la iniciativa, así como por la apertura mostrada para incluir en dicho catálogo dos delitos que afectan sensiblemente a los sectores productivos, el robo a autotransporte de carga y la portación de armas de alto poder de uso exclusivo de las Fuerza Armadas.

Coparmex participó con un posicionamiento en la Audiencias Públicas realizadas en el Congreso sobre este tema. Por ello, el sector patronal reconoció a los legisladores por su disposición a agregar dichos delitos al dictamen aprobado.

Los empresarios de Coparmex han señalado que el robo al autotransporte continúa en ascenso y sin freno. Para todo 2018 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró un total de 12,206 robos a los transportistas. En ocho de cada 10 casos se trató de robos con violencia.

Además, los representantes de Coparmex expusieron que la nueva forma de operar del crimen organizado en México preocupa a transportistas y aseguradoras, ya que no sólo les roba las mercancías, también las unidades.

El mayor robo de unidades y su menor recuperación habla de que el crimen organizado utiliza los vehículos para otros ilícitos.

El sector patronal hizo un llamado a los legisladores para que en el marco de la discusión de la reforma en materia de seguridad, se expida una Ley Nacional de Actos de Investigación del Delito, que homologue y consolide los criterios que deben regir las actuaciones policiales y la recolección de evidencia criminal.

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