Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, mencionó que al analizar el contrato se detectaron muchas irregularidades en la manera en cómo se licitó y en la eficiencia y operatividad de de lo que se está intentando instalar.

“Conocidos como C5i, los Centros de Comando, Control, Computo, Comunicaciones e Inteligencia otorgan a Estados y Municipios la infraestructura tecnológica para combatir la delincuencia.

Existen ocho C5i’s en el país: CDMX, Estado de México, Morelos, Puebla, Nuevo León, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, todos con inversiones multimillonarias.

Paradójicamente, la mayoría de estos estados son punteros en materia de incidencia delictiva, demostrando que más gasto en seguridad no es garantía de la misma, debiéndose primero invertir en estrategia, personal y equipo”, expresó.

Refirió que mediante el decreto 153, el Congreso del Estado de BC autorizó al Gobierno del Estado, un proceso de licitación para firmar un contrato para convertir los C4’s actuales en C5i, con una inversión de $789, 280,700 de pesos pagaderos a través de un contrato plurianual en 10 años.

El 31 de agosto del presente, añadió, el diputado Núñez del Partido de BC presentó una carta al Consejo Ciudadano de Seguridad Publica de BC, requiriéndonos la evaluación y de ser necesario el pronunciamiento en referencia al mencionado proyecto.

Dio a conocer que, en evaluación hecha por el Consejo, los Comités Ciudadanos de Seguridad de los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, la Federación BC y los Centros Empresariales COPARMEX de Tijuana, Mexicali y Ensenada, decidieron presentar un amparo en el Juzgado 4 de distrito en materia de amparo y juicios federales, basado en los siguientes fundamentos:

INFRAESTRUCTRA INSUFICIENTE

La inversión señalada no parece ser conmensurable al número de cámaras, arcos y botones de alarma que se incluyen en el proyecto.

En el mismo tenor, 200 cámaras, 5,300 botones de pánico, y 9 arcos de reconocimiento de placas son claramente insuficientes para captar y notificar los movimientos y actividades dentro de la geografía del estado.

PERSONAL INSUFICIENTE Y NO CAPACITADO

La entidad a cargo de la administración del c5I será la SSPE. En reporte de evaluación emitido por la SEGOB de fecha Diciembre 2018, la PEP muestra debilidad en 3 de los 10 lineamientos evaluados que están intrínsecamente relacionados a la administración exitosa de un C5i: es la segunda entidad del país con promedio más bajo en el número de policías (0.3 por cada 100,000 habitantes cuando la media nacional es de 1.1), no está suficientemente actualizada en el nuevo sistema de justicia penal, y se muestra débil en las categorías de policía procesal, cibernética y operaciones especiales.

Con una geografía y problema similar, Guanajuato cuenta con 3,000 policías estatales contra menos de 500 en Baja California.

Dijo que consecuentemente, antes de evolucionar a un C5i se debe asegurar existan los elementos suficientes y debidamente capacitados para reaccionar y operarlos.

PROCESO DE LICITACIÓN

Durante el proceso de licitación no se cumplieron los siguientes lineamientos emitidos por el Congreso:

No se cumplieron los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez en la aplicación de recursos públicos al ser solo dos compañías las que licitaron, Seguritech e Interconecta, donde la segunda fue desechada por no sustentar a su representante legal, con lo que la decisión final no incluyo números comparables.

Igualmente, no se invitó a todas las autoridades municipales encargadas de la seguridad pública a la apertura y presentación de las propuestas.

Finalmente, no se cumplió la plena transparencia y máxima publicidad requerida en la autorización del Congreso, al no incorporar a la sociedad civil organizada en calidad de testigo social en la supervisión y evaluación del proceso de licitación.

En relación a la empresa ganadora, Seguritech, según reporte de un diario nacional, la misma tiene interpuesta seis denuncias ante el Congreso de la Unión por presuntas irregularidades en torno a 22 proyectos implementados en 22 estados y municipios del país.

En términos generales, el contrato firmado dista de proteger los intereses y garantías que un contrato de esta envergadura tendría que incluir.

Hernández Niebla, destacó que en resumen el C5i de la manera como está planteado no va a solucionar el problema de inseguridad que hay en el Estado.

“Antes de eso, necesitamos más y mejores policías, con los equipos, capacitación, sueldos y prestaciones adecuados.

Ya existen C4’s operando en todas las ciudades del estado, con los resultados que podemos ver, donde inclusive en los 911 no se contestan muchas de las llamadas.

Una inversión y deuda de esta magnitud debe ser totalmente transparente a la ciudadanía garantizando una baja en la incidencia delictiva.

Estamos solicitando al juzgado la suspensión de este proyecto hasta que todas las variables antes mencionadas sean evaluadas”, declaró.

Por su parte Rodrigo Llantada Ávila, presidente de Coparmex Mexicali, informó que la denuncia se presentará mañana ante Contraloría que tendrá 30 días hábiles para responder.

En el anuncio del amparo contra el C5i estuvieron presentes Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Coparmex Baja California; Gilberto Fimbres Hernández, presidente de la Coparmex Tijuana; Marco Isaac Navarro Steck, presidente de la Coparmex Ensenada; Rodrigo Llantada, presidente de la Coparmex Mexicali; Genaro de la Torre Quintanar, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana; Faisal Díaz Nassfi, presidente del CCSP de Ensenada; Eduardo castro Jiménez, presidente de CCSP de Playas de Rosarito y Juan Aldrete Márquez, presidente del CCSP de Tecate.

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