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Sospechan de licitación de C5i y el gobierno estatal

Adquirirán sistemas con precios inflados

Nota publicada el 29 de julio de 2018
por Elizabeth Vargas

Una licitación opaca y sospechosa es la que hizo el gobierno del Estado en el tema del C5i, un proyecto que impulsado por el gobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid, se hizo aparentemente con dedicatoria para el ganador en un proyecto que presumen inflado en cuanto a costos.

En una rueda de prensa, apoyado por COPARMEX, el Diputado de la XXII Legislatura Jorge Eugenio Núñez, quien preside Comisiones de desarrollo económico y comercio internacional explicó que en octubre del 2017, se votó en contra porque temían irregularidades en el proceso de C5i.

Luego se trabajó con diputados para incluir reservas y que hubiera un proceso transparente para que se revisara con grupos empresariales y académicos ya que si se pretendían gastar en seguridad una gran cantidad de recursos fuera de la forma más responsable.

Baja California, recordó, enfrenta un problema grave de inseguridad en Tijuana, Mexicali y Ensenada, de ahí que recursos asignados para seguridad pública deben ser gastados en donde realmente se ocupen.

De esta forma se emitieron reservas con seguridad pública y ciudadanos y entre todos ver lo importante en seguridad; fortalecer C4, ir a C5, más policías en municipios y entonces licitar el recurso.

Se votó en contra y a pesar de que se aprobó por parte del Congreso dichas reservas, el gobierno del Estado hizo caso omiso.

En los primeros meses mantuvo discreción sobre el tema pese a la exigencia de cámaras empresariales y grupos ciudadanos y medios de comunicación para informar sobre este asunto.

De esta forma el 24 de mayo del 2018 el Estado arrancó el proceso de licitación de 800 millones de pesos para el C5i; sin hacer ruido.

Nadie se enteró aunque estaban pendientes del tema y de forma por demás veloz procedieron a resolver a favor de quienes siempre se señaló que serían favorecidos la empresa SEGURITEC.

Explicó que el proceso de licitación arrancó el 24 de mayo, junta de aclaraciones el 11 junio, recepción y apertura 18 de junio, fallo técnico y apertura el 25 de junio y el 28 de junio se dió el fallo técnico.

Al final hubo solo dos empresas en el proceso y el 28 de junio, a una de las dos empresas que llegaron al final, el estado le indicó que el representante legal para dicho proceso no tenía atribuciones para licitaciones y al final solo quedó SEGURITEC.

De esta empresa siempre se dijo, desde hace tres años que pretendían hacer con ella un contrato de 4 mil millones de pesos mediante una Asociación Público Privada y ahora con la obtención de un contrato que será a diez años SEGURITEC obtendrá 800 mil pesos una mas de las muchas adjudicaciones directas sobre el mismo tema.

El legislador dijo que solicitaron información al gobierno del estado sobre esta licitación y apenas el martes 24 de julio, casi un mes después durante un debate televisado con Francisco Rueda el Secretario General de Gobierno dio los documentos que le habían pedido..

El Exdiputado calificó el proceso de irregular y opaco pero sobre todo inflado.

Lo que el gobierno compraría con estos recursos son: 10 mil botones de pánico, 9 arcos para detectar placas, 200 cámaras que se renovarían a los cinco años.

Uno de los temas son los botones de pánico, se pretende comprar 10 mil de un producto que sería absurdo, ya que se trata de alrededor de 50 millones de pesos para estas estructuras que pretenden llevar a las colonias.

El principal incumplimiento del estado fue las Reservas que sobre este proyecto plantearon los diputados y el gobierno no acató.

A esto se suma un llamado de atención pro parte de Contraloría del Estado sobre dicha licitación para que se difiriera y el Estado no acató y no se sabe cual es la causa porque de nuevo no se entregó documentación completa al legislador.

Sobre la relación del Gobierno del Estado y la vinculación que se tuviera con esta empresa SEGURITEC en algún interés político que han manejado algunos medios nacionales, hasta ahora es solo una sospecha pero algunos medios lo han apuntado.

Por ahora se sospecha además que existe un presupuesto inflado con respecto al precio de mercado real de las 200 cámaras, 9 arcos para identificación de placas, 10 mil botones de pánico que se pretenden instalar.

El objetivo ahora es tumbar dicha licitación por la vía legal y en caso de que no se pueda exigir al estado que se haga de forma responsable por tratarse de recursos públicos.

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