En nuestro sondeo anterior le preguntamos: ¿Debe Baja California contar con un padrón público de agresores sexuales? 9 de cada 10 menciona que si. Muchas gracias a todos por expresar su opinión.
El tema surge por la propuesta presentada ante el Congreso del Estado por el diputado Bernardo Padilla Muñoz, en la que solicita modificar en Baja California el Código Penal, la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Penas y Medidas Judiciales con dos objetivos: elevar las penas en delitos sexuales contra menores de edad y la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales.
Es difícil que una propuesta de este tipo tenga oposición abierta ya que sin duda, toca fibras muy sensibles en toda la población.
La creación de un padrón implicaría colocar un estigma en aquellos que resulten responsables del delito imputado y esto sería un asunto del sistema judicial bajacaliforniano, sin embargo, la visibilidad pública de ese padrón estará en manos de una empresa privada: el hegemónico buscador Google.
En Europa se dio un fuerte movimiento que desencadenó lo que hoy se conoce como "derecho al olvido", que se trata de una medida que no actúa sobre la fuente primaria de información, sino directamente en la forma que el buscador almacena y distribuye la información recopilada.
El hecho de que ya sucediera en Europa, las peticiones de otros países del mundo para que se apliquen medidas similares y a las reacciones que ha tenido Google ante las amenazas de retiro de inversiones, permite poner en duda la imparcialidad del gigante tecnológico.
De aprobarse la serie de reformas propuestas el diputado Padilla, pasarán varios años antes de que se presente un caso en el que un agresor sexual solicite ser desindexado y es posible que para entonces, las reglas del juego hayan cambiado por completo.
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