“la corrupción por muchos años, ha sido el As bajo la manga del sistema político, que ha servido para legitimar irónicamente a los nuevos gobernantes, controlar a los simpatizantes, reprimir adversarios, reducir las injusticias, promover actividades económicas, y acentuar los errores legales”, señaló.

Este viernes la congresista de Ensenada, y representante del Partido del Trabajo (PT) indicó ante el pleno legislativo que este tema ha dañado y desprestigiado la figura de la administración pública en el país y en Baja California.

“Marcada por una fusión completa entre las élites políticas, la alta burocracia y los empresarios; que ha favorecido el desarrollo de la corrupción institucionalizada, causada por el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada con fines privados, el clientelismo, el abuso de autoridad, y el nepotismo”, criticó.

Esto por considerar que la concepción del tráfico de influencias es sumamente genérica, ya que deja abierta la posibilidad que a través de lo enunciado no se pueda distinguir plenamente la acción de cometer este delito.

Agatón planteó que se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión de orden público, al servidor público que por sí o por interpósita persona, haga las siguientes actividades: Promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos, ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, entre otras.

Argumentó que de acuerdo con datos del Banco Mundial, los actos de corrupción cuestan a México en total 60 mil millones de dólares anuales o el equivalente a cuatro veces los ingresos por exportaciones petroleras, lo que representa el 9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Resaltó que se han dado a conocer en el país, casos sobre distintos actos de corrupción llevados a cabo por todo tipo de funcionarios de los tres niveles, así como en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.