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La resolución del Congreso contra Ensenada

Será valida tras su publicación en el periódico oficial del Estado

Nota publicada el 28 de septiembre de 2016
por Elizabeth Vargas

El Pleno del Congreso de Baja California aprobó con 20 votos a favor y 3 en contra, el dictamen número 137 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se decide a favor del municipio de Playas de Rosarito en el conflicto por una zona territorial que sostenía desde hace más de 20 años con el municipio de Ensenada.

El encargado de leer el resolutivo único del referido dictamen fue el diputado Olimpo Hernández Bojórquez, el cual dice lo siguiente : “En los términos del último párrafo del artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California respecto a la superficie en disputa, se resuelve en forma definitiva e inatacable la presente controversia territorial a favor del municipio de Playas de Rosarito”.

En los artículos transitorios se establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE); y que se deberá comunicar al gobernador para que en términos de lo dispuesto por el Poder Legislativo y de los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 31, fracción novena, del Reglamento interno de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue), auxilie al Congreso y a las autoridades de los municipios de Ensenada y Rosarito en el deslinde y descripción de los perímetros divisorios.

Asimismo, se dispone enviar el decreto al presidente del Poder Judicial para los efectos de la competencia territorial de los partidos judiciales en los mencionados municipios, a fin de garantizar los principios de justicia y certeza jurídica de los gobernados; además, de hacerlo llegar a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Por otro lado, se establece que el Congreso local deberá expedir el estatuto territorial de los municipios del Estado en un plazo inmediato, a partir de que la Sidue elabore y proporcione al Poder Legislativo el deslinde y descripción de los perímetros divisorios correspondientes.

Además, queda inscrito en los artículos transitorios que el Ayuntamiento de

Ensenada deberá transferir y dar posesión al de Playas de Rosarito de las oficinas, archivos y documentos destinados a los servicios públicos municipales, mediante los procedimientos legales y administrativos correspondientes, en el entendido de que para garantizar el principio de certeza de los ciudadanos, los actos administrativos realizados por las autoridades municipales correspondientes, serán considerados como jurídicamente válidos.

Al momento de emitir su voto, el diputado Roberto Dávalos Flores, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales ─que elaboró este dictamen─, subrayó que siempre se privilegió que la resolución emitida por la comisión a su cargo, fuera en estricto apego a derecho, además de realizarse en un ambiente de apertura, transparencia y claridad.

Indicó que por mandato del Pleno del Congreso se buscó primeramente un acuerdo entre las partes en conflicto, el cual no se pudo alcanzar. Mencionó que se hicieron foros y reuniones en el poblado de Santa Anita y en las ciudades de Ensenada y Playas de Rosarito, además de juntas de trabajo con los alcaldes de esos municipios.

Los 20 votos a favor del dictamen fueron de los diputados: Olimpo Hernández Bojórquez, del PES; Fausto Gallardo García, del PVEM; Miriam Ayón Castro, Selene Ruiz Ramos, Laura Torres Ramírez, David Ruvalcaba Flores, Margarita Corro Arámbula y Rafael Flores García, del PRI; Mario Osuna Jiménez, Cuauhtémoc Cardona Benavides, Alejandro Quiroga Corella, Gerardo Álvarez Hernández, Rosalba López Regalado y Mónica Bedoya Serna, del PAN.

Además de los legisladores Juan Manuel Molina García, de MC; José Alberto Martínez Carrillo e Irma Martínez Manríquez, del Panal; Felipe de Jesús Mayoral Mayoral y Francisco Barraza Chiquete, del PBC, y Roberto Dávalos Flores del PRD.

En contra votaron los legisladores Julio César Vázquez Castillo y Armando Reyes Ledesma, del PT y Armando Espinoza Arrollo del PRI.

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