El 29 de abril del 2016, se publicó en el periódico Oficial del Estado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado después de casi dos años de trabajo.

El gran desafío que enfrenta el Comité Ciudadano de Transparencia en Baja California será aumentar el número de sujetos obligados a rendir cuentas del dinero público que reciben de los gobiernos, federal, estatal y municipal.

“La meta es transparentar desde el primero y hasta el último peso de los recursos públicos, ¡ los maneje quien los maneje!”, sentenció.

Agregó que a esta ley le “han salido dientes”, ya que las multas ascienden hasta 40 salarios mínimos, inhabilitación e incluso cárcel para el funcionario que se niegue a clarificar sus gastos públicos.

“La cultura en los funcionarios es muy pobre, algunos sienten que nadie debe inmiscuirse en esos asuntos pero eso es lo menos grave porque hay quienes quieren seguir sosteniendo acciones de corrupción, ahora hay que hacer que entiendan que los recursos que manejan no son de ellos, sino de los ciudadanos”, reiteró.

Pese a ser una de las leyes más completas, admitió que en unos años necesitará “retoques”, que las leyes son dinámicas y se tienen que ir afinando.

También lamentó el presupuesto que se asigna al órgano de transparencia que es de unos 10 millones de pesos anuales mismos que no se comparan siquiera con el de la oficina de Comunicación Social del gobernador que es mucho mayor.

“Todo lo que se invierta en materia de transparencia es poco comparado con lo que se pierde en la opacidad. Al final la honradez genera más recursos y, aunque sabemos que la rendición de cuentas no erradica por completo la corrupción al menos la inhibe”, sostuvo.

Consideró que uno de los poderes más difícil de penetrar es el judicial. No por falta de voluntad sino por la opacidad, el desorden e ineficiencia con la que funcionan los servidores públicos en el interior de los juzgados.

Ahora los sindicatos, universidades públicas (UABC), partidos políticos, asociaciones civiles, cámaras empresariales y todos aquellos que utilicen recursos públicos, incluso a través de programas de apoyos o sociales tienen que dar cuentas de en qué gastan el dinero de los impuestos.