Jornaleros agrícolas, la familia Chávez y abogados de éstos, hicieron un plantón este viernes por la mañana en Centro de Gobierno para exigir a las autoridades estatales, municipales y federales que intervengan en el conflicto ejidal del cañón San Rafael, en Punta Colonet.
Desde el lunes 18 de abril un grupo de 75 policías ministeriales llegaron a un predio que pertenece a la señora Olga viuda de Chávez, para romper candados y abrir un acceso de 8 metros. Debido a que hubo resistencia usaron la fuerza pública con balas de goma, pero además sometieron a tres de los diez integrantes de la familia que resultaron con lesiones.
Una vez abierta la puerta el abogado de Agrícola Colonet ingresó con trabajadores para colocar un cerco en un perímetro de 90 hectáreas que hasta octubre fueron rentadas por el propietario de la agrícola Arnulfo Martínez Silva.
La policía Ministerial se retiró una vez ejecutada la orden del juez pero se quedó un grupo de unos 60 hombres armados con machetes, y pagados por Agrícola Colonet, hicieron un campamento para supuestamente cuidar la zona en litigio.
Los manifestantes suplicaron al subsecretario de gobierno del estado Miguel Ángel Castillo Escalante, y al subprocurador Marco Chavarría López, que hagan su trabajo y así como llevaron a un contingente de policías para abrir un acceso lo hagan para retirar a quienes obstruyen el paso.
Aseguran que estos días, los sujetos han estado consumiendo drogas, alcohol y siempre están armados.
Le recriminaron al subsecretario que como su nombre lo dice, la Policía Estatal Preventiva (PEP) está para prevenir.
“Imagínese en que en la entrada de su casa se le pusieran 60 hombres armados con machetes ¿qué haría?, estoy seguro que mandaría llamar a la policía para que de inmediato se los quitarán de enfrente, pues en esa situación están familias pero ninguna autoridad hace su trabajo”, le señaló el abogado Zavala.
La denuncia de los que viven en la zona es que desde hace doce días los hombres que dicen ser jornaleros agrícolas tienen cerrado, con camiones, piedras y barrotes, el camino que lleva a por los menos diez ranchos, algunos de ellos son agrícolas quienes por no poder entrar están a punto de perder la cosecha.
Otro grupo de cien jornaleros ha perdido su fuente de trabajo al no poder ingresar a la zona de producción y este viernes imploraron a la autoridad estatal para que despejen el área a fin de que les permitan laborar.
Finalmente Chavarría López y Castillo Escalante, hicieron un compromiso con los afectados para que evitar que quienes tienen bloqueada la zona le hagan daño a los residentes del cañón, en espera de que pronto se resuelva el conflicto de tierras.
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