Afectados por el conflicto de terrenos en el Cañón de San Rafael, en Punta Colonet, se reunieron con el subsecretario del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Castillo Escalante, para solicitarle el apoyo debido a que no pueden ingresar Ejido porque está bloqueado por civiles.
El miércoles un grupo de unos 70 hombres que se identifican como jornaleros agrícolas colocaron un segundo filtro para ingresar a la zona donde con lista controlan las entradas hacia las rancherías, mientras que en el polígono en disputa también está obstruido con piedras, camiones y un campamento. Además están armados con machetes.
El litigio es entre los Hermanos Chávez y Agrícola Colonet, S.A. de C.V., ésta última que busca apropiarse de un predio de por lo menos 90 hectáreas que rentó por 15 años a Anastasio Chávez, quien murió en el 2014 dejando como heredera a su esposa.
Han pasado 12 días desde que 75 Policías Ministeriales fuertemente armados, encapuchados a bordo de unas 37 camionetas arribaron al rancho Hermanos Chávez para ejecutar una orden de un juez que ordenaba abrir un acceso de unos 8 metros de manera provisional. Los agentes derribaron el cerca y usaron la fuerza pública.
Una vez abierto el acceso el abogado de la Martínez Silva, de apellido Álvarez, ordenó que se instalar un cerco en las 90 hectáreas que son las que tenían en renta hasta octubre del 2015.
Las familias tienen mucho miedo porque los hombres que están ahí se drogan, son alcohólicos y están armados.
Punta Colonet se encuentran a uno 160 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada, pero hasta el momento ninguna autoridad municipal, estatal o federal ha querido intervenir para que despejar la vía de comunicación o desamar a las personas que aseguran ser jornaleros agrícolas.
En la zona hay por lo menos diez rancherías, y algunos le rentan a la familia Chávez desde años para producir hortalizas por lo que tienen temor de perder la inversión si les siguen impidiendo la entrada a los empleados.
Durante el encuentro con las autoridades estatal los empresarios solicitaron que por lo menos les permitan sacar parte de la cosecha, herramienta y maquinaria, porque tienen conocimiento de que las personas que tienen bloqueando el acceso vandalizaron las zonas de cultivos.
El subprocurador de Justicia de zona Ensenada, Marco Chavarría López, también viajó a San Quintín el martes para tener un encuentro con ambas partes pero no han podido solucionar el problema según mencionaron los afectados.