Así lo declaró Andrés Armenta González, Coordinador del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT), a propósito de que ante los medios de comunicación el gobernador De La Madrid propuso que el Congreso del Estado le pregunte a los residentes del poblado Santa Anita a cuál municipio quieren pertenecer.

Agregó el empresario Armenta Gonzalez que en la Controversia Territorial que a la fecha se está tramitando ante el Congreso del Estado, el gobernador del Estado es parte demandada, por lo cual no puede ni debe arrogarse el papel de juez.

Explicó el también miembro del Consejo Consultivo Económico de Ensenada (CONSULTEN) que el hecho de que en la Controversia Territorial esté demandado el Gobernador del Estado se debe a que el Ayuntamiento de Ensenada está reclamando la ilegalidad de la orden que dio en el año 1995 el gobernador -entonces Ernesto Ruffo Appel- de que se publicara en el Periódico Oficial de la Federación el “plano delegacional” que formuló en aquel tiempo la entonces Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas del Estado (ahora SIDUE), mismo plano que por los errores que contenía fue y es el origen y la causa del actual conflicto territorial entre Ensenada y Playas de Rosarito.

Por último, dijo Armenta Gonzalez que es improcedente e ilegal que el gobernador Francisco De La Madrid pretenda que se resuelva esta Controversia Territorial a partir de lo que opinen los residentes de Santa Anita, toda vez que las leyes emitidas por el Congreso del Estado de Baja California disponen que las controversias territoriales se resuelven conforme a la ley, no según la opinión de los residentes.