Los dos vehículos desmantelados por simpatizantes de la alianza de jornaleros, en los disturbios del 9 de mayo en la colonia San Ramón, en San Quintín, no han sido repuestos a la corporación estatal.
El titular de la Secretaría Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, confía en que los detenidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ensenada asumirán las consecuencias de sus actos porque se trata de un daño patrimonial.
"Los procesos judiciales siguen y están privados de la libertad y de cualquier manera modo habrá consecuencia legal", respondió.
El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de los para la Protección de los Pueblos Indígenas, podría cubrir el monto de la fianza e indemnizar al propietario del negocio El Reloj, que registró pérdidas totales durante la manifestación en Camalú el 17 de marzo.
Reiteró que el equipo estropeado, entre ellos la unidad el "Tiburón", es de los bajacalifornianos y serán las familias mexicanas las que paguen por reponer los daños materiales ocasionados durante la reyerta.
Tras sostener una reunión con el grupo Madrugadores habló sobre seguridad en la entidad y programas de prevención, al funcionario lo cuestionaron sobre la inseguridad en el sur del municipio donde reconoció que operan grupos delictivos pero los deslindó del movimiento de jornaleros.