Esto significa que cualquier familia que se sienta incapaz de proteger o mantener a un menor, puede dejarlo al cuidado de estas instituciones operadas en su mayoría por extranjeros voluntarios.

Datos de la Procuraduría de la Defensa al Menor del DIF estatal, refieren que los 2 mil 700 niños, adolescentes y adultos están distribuidos en 108 albergues infantiles de los cuales, dos son públicos en Mexicali y Tijuana, mientras que el resto son privados.

Al respecto, ninguna institución tiene un marco normativo que obligue a los administradores de estos centros a tener permiso para trabajar, y por este motivo el Gobierno del Estado presentó una iniciativa de ley que busca regular la operación de éstas, a través de licencias y acreditaciones.

En este momento la única dependencia con facultades para clausurar una casa hogar en Baja California es Protección Civil, en caso de detectar deficiencias en materia de seguridad durante visitas de inspección.

Los orfanatos son establecimientos legalmente instituidos para asistencia social.

Una vez que se apruebe la ley será requisito aplicar pruebas de confiabilidad al personal directivo así como a los voluntarios, en caso de haber una negativa, están facultados para usar la fuerza pública para clausurar y revocar las licencias a los albergues irregulares.