El Síndico Social, Félix Ojeda Ortega, lleva más de seis meses con la protección de escoltas que le asignó la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), tras recibir supuestas amenazas de muerte.
En febrero el funcionario panista denunció públicamente al ex alcalde, Enrique Pelayo Torres, por vender terrenos propiedad del Fideicomiso Municipal para el Desarrollo de Ensenada (Fidue) a familiares cercanos.
Aunque no se comprobaron las intimidaciones le concedieron, de manera temporal, oficiales de la Dirección de Seguridad quienes también son requeridos como choferes particulares.
El Síndico Procurador, Iván Barbosa Ochoa, informó que su cargo –como sindico procurador-, el del alcalde Gilberto Hirata Chico, así como el del director de Seguridad Pública, Enrique Villarreal Montemayor, son los de mayor riesgo en el municipio.
“Por cuestiones de seguridad me reservo a dar el número de elementos a disposición, pero son cargos donde se corre riesgo. Por su parte al Síndico Social, se le asignó porque declaró amenazas cuando se dio el tema. Fue en aquél tiempo cuando iniciaron la administración por un tema polémico”, respondió.
Al Secretario de Desarrollo Social Municipal, Samuel Albestrain Pérez, a quien también se le asignó un equipo de oficiales en los primeros días de la administración tras un robo en su domicilio, se le retiró la seguridad al considerar que estaba fuera de peligro.
La figura del Síndico Social se creó en el 2013, por el Congreso del Estado, cuyo objetivo es establecer una instancia pública que atienda de manera eficiente las demandas, necesidades y problemáticas de los ciudadanos.
Las Sindicaturas Sociales son responsables de recoger problemática social que se genere en los municipios y presentar, ante los ayuntamientos, para facilitar la construcción de agendas públicas para ciudadanizar y legitimar las decisiones públicas de los cabildos y generar ambientes propicios para la gobernanza democrática local.