El sector inmobiliario en Baja California confía en “La ley Obama”, o en la regularización de millones de indocumentados en Estados Unidos, quienes son potenciales compradores de propiedades.
La totalidad de los desarrollos se encuentran en obra gris, con trámites inconclusos, pero con altas posibilidades de que se activen a través de diferentes instituciones bancarias que están dispuestas a otorgar créditos millonarios.
Luis Bustamante Fernández, representante del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios, estimó que hay 45 millones de hispanos de los cuales el 42 por ciento tiene capacidad económica para comprar un bien en México.
De este universo, dijo, 8 millones residen en Los Angeles, 1 millón en San Diego y otro millón en San Francisco.
“Van a regularizar a millones de indocumentados, y para ellos se abre otro mercado que saldrá de la clandestinidad y va a ser posible venderles y están esperando, sin embargo, si no se diera el mercado hispano que espera la recuperación económica para invertir”, indicó.
En la exposición hecha el jueves en el Museo del Vino, junto con la secretaría de Turismo en México, Claudia Ruiz Massieu, mencionó que solo en el municipio de Playas de Rosarito hay más de 12 mil unidades habitacionales que quedaron en suspenso hasta el mes de junio, sumado a lo que se proyecta en Ensenada.
El empresario inmobiliario calculó que la inversión sería de poco más 3 mil millones de dólares, que su vez podría generar 64 mil empleos en todos los niveles.
“La demanda va a ser tan intensa que vendrán a ver Baja California, y qué están buscando, un espacio para vivir, la demanda va a ser tan grande que se tiene que preparar, es cuestión de de tiempo”.
Al respecto el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, reafirmó su compromiso con este grupo empresarial para que con el apoyo de la Secretaría de Turismo Federal, y otras entidades, se puedan obtener apoyos, tanto económico como en trámites burocráticos.