Con mensajes impresos en lonas, vehículos obstruyendo la entrada al área del fenómeno natural y casas de campaña, los vendedores inconformes pedían al alcalde Gilberto Hirata Chico, que desacatara la instrucción y se reanudará el diálogo.

Por la mañana en conferencia de prensa el presidente municipal, Gilberto Antonio Hirata Chico, informó que no se realizará la expulsión de los comerciantes del lugar ordenada por el Juez Séptimo de Distrito.

Explicó que se presentó el recurso de incidente innominado ante el juez, mismo que marca una premisa para evitar el desalojo y proponer un cumplimiento sustituto, que consiste en el pago equivalente al costo de los predios ubicados en La Bufadora, a los ejidatarios, que son la parte demandante en el caso.

Hirata Chico indicó que ante esta problemática se han buscado todas las opciones posibles para evitar desalojar a los comerciantes, ya que una acción de estas características, además de que afectaría a las 400 familias que dependen de esas fuentes de trabajo, también dañaría la imagen de un lugar reconocido como un destino turístico como es La Bufadora.

Agregó que de ser aceptada esta propuesta por el juez, se utilizarían recursos federales destinados a esta zona del municipio, para realizar el pago a la parte demandante equivalente a los 14 mil metros cuadrados en donde se encuentran ubicados los locales, e informó que se buscará a través de la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, la inversión de 70 millones para el remozamiento y mejoramiento de la imagen de La Bufadora.

Aseveró que lo primordial es encontrar la manera en que se preserve este lugar turístico emblemático y todas las partes salgan beneficiadas, tanto los ejidatarios, como los locatarios y el mismo Ayuntamiento.

Por otra parte, Jesús Jaime González Agúndez, secretario general del Ayuntamiento, explicó que si se procedía a la expulsión de los locatarios se afectaría a concesionarios que estaban antes de que surgiera este litigio.

Informó que en aras del derecho y la justicia, se decidió presentar un recurso de cumplimiento sustituto ya que el mismo desahucio representaría un daño mayor que el posible beneficio.

González Agúndez comentó que si el juez no aprueba la restitución y considera que sigue siendo viable la expulsión de los locatarios, entonces ambas partes ya podrían negociar una resolución definitiva.

Agregó que se acudirá a La Bufadora para dar a conocer a los locatarios los recursos expuestos ante el juez y posteriormente se presentará lo decidido ante los ejidatarios, quienes darán una respuesta en un plazo de tres días.

Tanto el presidente municipal, Gilberto Antonio Hirata Chico, y Jesús Jaime González Agúndez, secretario general del Ayuntamiento, enfatizaron que no se realizará el desalojo de los locatarios y no se usará la fuerza pública de ninguna manera.

También mostraron su disposición y colaboración para seguir buscando recursos jurídicos que beneficien a todas las partes y dignifiquen ante todo a La Bufadora, uno de los lugares turísticos más importantes de México.