La mañana del lunes, Miguel Mercado, de 35 años de edad y su esposa de 28, quien fue diagnosticada con problemas de esquizofrenia, fueron a comer a un sitio ubicado en calle Calafia de la colonia Popular 89, procedentes de Estados Unidos.

Ellos viajan en una camioneta Honda de modelo reciente, que presenta un choque menor y al llegar al sitio fueron interceptados por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en la unidad 660.

Al entrevistarse con los oficiales, les informaron que está prohibido circular por la ciudad a bordo de un vehículo con “golpes”, y por ese motivo pidieron los documentos de la unidad los cuales se le entregaron a excepción del título.

Los afectados relataron que en la guantera traían 3 mil 100 dólares en efectivo y un frasco de pastillas Clonazepam, sin receta. La pareja asegura que los uniformados tomaron el dinero y al mismo tiempo les pidieron 200 dólares a cambio de no turnar el caso al Ministerio Público Federal.

Como se negaron a entregar el efectivo, los arrestaron y fueron remitidos a las instalaciones la PGR, donde pasaron 36 horas detenidos. En el tiempo que estuvieron detenidos, la mujer sufrió cuatro ataques a causa de la falta de medicamento por lo que de inmediato recibió atención médica dentro de la celda.

El matrimonio tenía planes de visitar Ensenada para recibir un tratamiento psiquiátrico y dental, además de pasar el fin de semana en la zona turística de San Carlos, por lo que ambos doctores a darse cuenta de que sus pacientes no llegaban a la cita comenzaron la búsqueda.

Ellos mencionan que en la PGR, les pidieron por lo menos mil 500 dólares para “agilizar trámites”, pero también se negaron a entregarlo. Además alegaron que no habían cometido delito alguno.

Personal administrativo de la PGR respondió sobre este supuesto soborno, y pidió a los afectados que interpongan una denuncia en contra del Policía Ministerial que intentó obtener una recompensa a cambio de la libertad de ambos.

La pareja fue puesta en libertad a las 22:00 horas del martes y, aunque les devolvieron el medicamento y el dinero, para recuperar el vehículo tuvieron que regresar por el título a su ciudad de origen, entregar título apostillado y pagar derecho de piso.

En su experiencia, Miguel comenta que lo más difícil fue el trato que recibieron de la policía estatal, porque las palabras fueron siempre de amenaza. Calcula que la detención les costó alrededor de mil dólares, por los honorarios del abogado.