La semana pasada le planteamos: Inicia en redes sociales una campaña contra los regidores que aprobaron cambios para Valle de Guadalupe. ¿Está usted de acuerdo en este castigo civil? El 89 por ciento de los participantes nos dijeron que si. Gracias a todos por expresar su opinión.
El debate sobre donde se encuentra el límite entre lo público y lo privado siempre ha sido complejo.
Históricamente a los políticos se les ha presionado de forma pública: medios masivos, manifestaciones, descalificaciones. También históricamente, identificamos a los políticos como esos humanos a los que les importa poco su fama pública, porque en pocas ocasiones ha tenido consecuencias relevantes.
El tema de Valle de Guadalupe interesó a mucha gente y algunas voces exhortaron, por ejemplo, a que se negara a los ediles el servicio en restaurantes o en otros establecimientos por los pecados cometidos. Una manifestación con escala en el domicilio particular del Alcalde también sale de lo cotidiano.
Todo esto si les caló.
Han buscado por todas las formas posibles tratar de demostrar que no son los malos de la película, pero a unos días de que concluya la administración Pelayo, se antoja imposible una acción que corrija la opinión colectiva sobre un trienio que inició en guerra contra Sempra, y termina en bronca con los vinicultores.
El sondeo realizado por Ensenada Net refleja algo de lo que todas las personas públicas deben tomar nota: la sociedad ahora está dispuesta a meterse con todo aquello que los políticos consideras improbablemente accesible. El deseo del castigo civil es una realidad. Si no queremos una sociedad que resuelve las diferencias por medio del linchamiento virtual, es mejor que los servidores públicos no den un buen motivo para esto.