La resolución del Juez, en documentos en poder de ensenada.net, señala que el Juzgador resuelve que se “Sobresee el juicio promovido por la compañía Exportadora y Distribuidora Farfán Sociedad de Responsabilidad Limitada y Capital Variable, contra los actos de las autoridades señaladas”.

Asimismo establece que: “ La Justicia de la Unión protege y ampara contra los actos reclamados del Subdelegado de la Comisión de Pesca, sus inspectores y otros funcionarios de protección al ambiente y Seguridad Pública Municipal.

Por si fuera poco, dicho Juez, ordena que a los piratas que fueron detenidos en flagrancia, sin papeles y con el cargamento de abulón, por el cual intentaron comprar a los policías para que los soltaran, se les devuelva el producto sin aplicar sanción alguna en su contra o exigir documentos.

Como se recordará, el 24 de octubre del 2011 elementos policíacos en apoyo a Conapesca y Profepa decomisaron en Ensenada un cargamento de 460 kilogramos de abulón congelado.

Ese día alrededor de las 15:00 horas inspectores de la Comisión Nacional de Pesca solicitaron la intervención de unidades policíacas al detectar una unidad que transportaba producto en veda.

La unidad, una panel modelo 83 con placas BP70520 estaba en la esquina de Delante y Pípila donde fue intervenida por las unidades policíacas.

A bordo de la panel estaban 23 cajas de abulón congelado, empacado para exportación en cajas contenedoras especiales con 20 kilogramos cada una de estas.

La unidad era conducida por Gregorio de la Luz Manríquez, y Aarón García López quienes transportaban las piezas, sin documento alguno que probara que se trataba de producto legal.

En México, el abulón es una especie que está regida bajo leyes especiales en la cual solo empresas cooperativas pueden extraerla y deben para mover el producto presentar permisos de captura que garantice que se trata de un producto legal, lo que a la fecha no se ha comprobado por la empresa Farfán.

Momentos después de ser detenidos al lugar arribó un hombre a bordo de un Jaguar modelo 2010, quien se identificó como Hanson San el cual ofreció a los oficiales dinero a cambio de que dejaran ir a las personas con la carga por lo que también fue detenido.

La carga de acuerdo a los mismos detenidos tenía un valor superior a los 140 mil dólares y los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal con los vehículos y el producto, para ser liberados luego bajo la fianza del Juez.

Posteriormente el 14 de diciembre del 2011 el Juez Décimo de Distrito en Ensenada José Neal André Nalda otorgó un amparo en el cual ordenaba que el abulón y el vehículo fueran devuelto a los piratas, lo que se cumplió.

Antes, se había elaborado un acta circunstanciada de hechos en donde fue pesado caja por caja las 23 piezas en la que se comprobó el peso que tuvo un faltante de 4 kilos 430 gramos por causa de la deshidratación que fue aceptado de conformidad por las partes.

Luego se subió todo el producto a una panel de color blanca con placas BN-52-165 para ser trasladada a la empresa donde opera la empresa Exportadora y Distribuidora Farfán.

Cuando salían del lugar sobre el callejón de servicio ubicado entre El Bulevar y El Mercado Negro, personal de Inspección y Vigilancia de la Conapesca detuvieron la unidad solicitando apoyo de policías municipales.

La exigencia era la entrega de documentos que obliga la Ley de Pesca, mismos que no fueron entregados por lo que de nuevo el producto fue asegurado para depositarse en otra planta en tanto los presuntos piratas entregan los documentos que avalan la legalidad de estos abulones.

Los abogados de quienes trasladaban los abulones, aseveraron que esta nueva detención del producto es un acto de abuso de autoridad.

La petición era simple; que los conductores, mostraran los permisos de captura, facturas, avisos de arribo donde se pruebe es abulón legal lo que no se hizo.

De hecho para liberar el producto y otorgar el amparo el Juez aceptó:

Copia cotejada de la constitución legal de la empresa.

Factura original de factura 3787 fecha 13 de abril del 2010 expedida por Import & Export a favor de la empresa quejosa por 800 kilos de abulón; cuando el abulón se decomisó el 24 de octubre del 2011.

Factura de la Panel. Factura de la compraventa de la panel. Constancia del proceso penal y del parte policiaco.

Sin embargo el Juez NUNCA exigió los documentos que avalen que este abulón fue capturado legalmente, eso para el Juzgador no fue relevante.

Cabe destacar que además de proceso judicial que se sigue a dicha empresa el 23 de octubre del 2011 la Conapesca inició un proceso administrativo sobre el mismo producto.

En esa fecha la Conapesca informó que del aseguramiento de este producto se desprenden varias líneas de investigación que incluyó en su momento una orden de cateo, que provocó que otros productos también ilegales, fueran incautados a la misma firma.

Aclaró que hay dos procesos, el judicial y el administrativo porque se trata de producto que presuntamente se ha obtenido en periodo de veda o sujeto a protección especial y se trata además de organismos de tallas menores.

En este caso es evidente que es una afectación al ambiente y hay una línea de investigación por un delito grave y entonces se realiza un proceso judicial a los infractores por dicho delito en un proceso penal.

Pero se lleva paralelo otro procedimiento por violaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable y que tiene lugar en la Conapesca.

De esta manera independientemente del procedimiento que se ha seguido en la PGR, no debe olvidarse que la Conapesca instauró un procedimiento administrativo para calificar las posibles infracciones a Ley de pesca y acuacultura sustentable y es la razón de que el producto haya sido retenido y esté además asegurado por la conapesca que debe dictaminar y resolver su futuro dependiendo de la calificación aun en análisis.

Estos abulones presuntamente fueron capturados en la época de veda y extraído de áreas no sujetas a la pesca o no permisionadas, extraído de lugares con poblaciones lastimadas por la pesca ilegal, sin cuota autorizada es otra instancia y se sigue el procedimiento como esta previsto en la ley.

Se desconoce porque los presuntos dueños, si es un producto legal como aseveran, no presentaron documento alguno de que lugar procede porque hay una veda diferente en la zona norte de la península y otra en Baja California Sur y se presume que es abulón capturado en temporada de veda ni porque el juez no lo exigió.

Dentro de la investigación uno de los datos que surgió era que este abulón no era de la región, es de talla pequeña y muchos de ellos no alcanzan la talla legal.

Estaba fresco congelado y capturado recientemente, por lo tanto es responsabilidad de los propietarios del producto presentar la documentación que indique que procede de un lugar donde había captura legal, que ellos o quienes se los vendieron tienen un permiso de pesca, una autorización de cuota de captura y un record de arribos y facturación que valida la Conapesca y que no se presentaron.

Si se libera el producto por la investigación de la PGR, esto no es igual para la Conapesca porque debe de concluir para decretar la liberación total.

El 28 de octubre del 2011 se dio la orden de cateo 377/2011, para la empresa Exportadora y Distribuidora Farfán por la sospecha de que en ella había productos ilegales.

Personal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), Secretaría de Pesca del Estado (Sepesca) y Seguridad Pública Municipal realizaron el cateo.

En este se localizaron 395 kilogramos de pepino de mar, (Holoturia Floridia) del Pacífico y Isostichopus Fuscus (Del Gofo de California) y sujeta a protección especial, además de 3.620 kilos de aleta de tiburón. Este producto sigue asegurado y en proceso por diversas instancias entre estas la Profepa.

Este asunto ha estado plagado de irregularidades. El 14 de diciembre del 2011, pese a no encontrarse bajo su jurisdicción el Juez décimo de Distrito José Neal André Nalda, quien acababa de ser adscrito a Mexicali, ordenó que regresaran a los presuntos piratas el cargamento de 439 kilos de abulón.

A este suceso pese a la indignación de los pescadores legales, se suma ahora la nueva orden de otro Juez el XI de Distrito quien también al igual que André Nalda, esta a favor de la piratería.

En aquella fecha Edgar Alonso Aguilar Castillo Presidente de la Federación de Cooperativas Baja California, (Fedecop) indicó que las autoridades antes de liberar el producto deben demostrar de donde salió y como se movilizó.

Se detuvo a las personas que lo transportaban en época de veda de una especie que esta reservada a las cooperativas y que estaba fuera de tallas.

Es lamentable dijo entonces que una autoridad como un Juez se preste a apoyar a este tipo de situaciones lo que hace dudar de quienes imparten la justicia y su protección a piratas, en un producto que alcanza en el mercado un valor muy alto de varios miles de dólares, pero además esta sujeto a una serie de reglas de sustentabilidad para su captura.