La razón, el preguntón era terco y el Congreso con sus respectivos Diputados tan opacos como los perciben los ciudadanos, que en lo general prefiere aceptar un -no te puedo contestar- que seguir el camino legal para obtener una respuesta.

El caso inició el 15 de junio del 2011 cuando un reportero, Gerardo Sánchez García, hizo una solicitud formal a la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado para que le respondiera por escrito cuál era el monto que se le daba mensualmente a los diputados para los gastos de sus módulos ciudadanos.

Asimismo cómo se aplicaban dicho gastos administrativos procedentes de recursos públicos, y cuánto era para la renta, la luz, el teléfono, salarios de los empleados del módulo, nombres de éstos, horarios y funciones.

Además cuánto era para el gasto de gestoría social y a quiénes y bajo qué criterio se les entregaban.

La única respuesta que obtuvo de la llamada “Unidad de transparencia del Congreso del Estado” sucedió poco menos de un mes después donde mediante un escrito le respondieron que cada Diputado recibía 44 mil pesos mensuales, y era todo lo que le podían informar.

Reportero con demasiados años de experiencia (mas de 25) le pareció raro que la “Unidad de transparencia” le sostuviera que no podía explicarle la forma de aplicar estos recursos y que lo mandara a entrar a la página del Congreso del Estado a buscar los correos electrónicos de los legisladores para así, mandarle a cada uno de ellos la petición; a ver si así le respondían.

Ante esta respuesta decidió que podría entrar a la misma cancha de la burocracia, -mas por terco que por otra cosa - y entonces optó por jugar con las mismas herramientas de ésta usando un recurso de inconformidad, en la que reclamaba la indefensión jurídica de quien reclamaba la información.

Esto, porque el Diputado no tiene la responsabilidad de contestar al que lo cuestiona por correo electrónico, ni se inicia un expediente o se da una fecha o un plazo para responder, ni hay obligatoriedad o certeza de que fue recibido.

Ante esta respuesta inadecuada, Gerardo decidió el 10 de agosto presentar un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la información donde solicitaba esta misma información y se revisara la respuesta.

Luego a mediados de septiembre, acudió a una audiencia conciliatoria con representantes del Congreso en Mexicali, donde los representantes legales del Congreso le señalaron que no podían darle la información que solicitaba y sólo se la darían cuando concluyeran las auditorias del Órgano de Fiscalización Superior del Estado ORFIS.

Ellos decían que se los impedía la Ley Orgánica del Congreso y antes se debían subsanar las irregularidades que se encontraran lo que podría tardar de uno a un año y medio, y eso si se lo podían dar, porque era información reservada.

El periodista estaba sorprendido, enojado, divertido por lo absurdo de la disposición ya que mientras la Ley Orgánica del Congreso impide que se de la información, la Ley de Transparencia los obliga a entregarla.

El siguiente cuestionamiento era sobre la confidencialidad, ya que no podían revelar a quién le entregaban los beneficios y entonces el reportero entregó fotos de los mismos legisladores, en donde se muestran los rostros de las personas a quienes entregan distintos beneficios; becas, cobijas, despensas etc.

En esa reunión los abogados del Congreso citaron la Ley de transparencia en donde la confidencialidad protegía los rostros ya que ésta señala que si un beneficiario de un programa que realiza un Diputado, no consintió que se publicara su rostro, se está violando la Ley de Transparencia y los Acuerdos de la Ley Orgánica, algo que no sólo hacen sino convierten en comunicados de prensa con fotografía.

Eso, concluyeron, es un acto ilegal pero lo realizan todos los diputados quienes lo divulgan en sus eventos públicos enviándolo a los medios de información.

Con estos datos concluyó la reunión y, de Septiembre a Diciembre, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, hizo una valoración de los argumentos de ambas partes para dar un veredicto este 6 de enero.

Con esta fecha resuelve a favor del periodista Gerardo Sánchez y le ordena al Congreso que le de los datos que pide el reportero en los próximos tres días hábiles con concluyeron este miércoles.

Es un ordenamiento histórico. Es la primera vez que el congreso está obligado, gracias al Instituto de Transparencia, a rendirle cuentas a un ciudadano.

Ahora hay que ver si los Diputados apelan para no contestar en qué se gastan los 44 mil pesos mensuales que les dan extras para gastos de administración.